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Jueces, funcionarios y académicos abogan por seguridad jurídica inmobiliaria

Santo Domingo.- El Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), realizó el panel "Seguridad jurídica y desarrollo de operaciones inmobiliarias en República Dominicana", actividad que convocó a los diversos sectores ligados al tráfico de operaciones inmobiliarias para profundizar en el funcionamiento de cada dependencia de la Jurisdicción Inmobiliaria y las garantías de seguridad jurídica que ofrecen en las operaciones propias de esa materia.


En República Dominicana, el desarrollo inmobiliario se incrementó sustancialmente en los últimos años y el marco jurídico que lo regulaba se tornó entonces ineficiente en dar respuesta a las nuevas necesidades. El marco normativo actual es la Ley No. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, que estableció un cambio estructural y normativo con el objetivo de brindar la seguridad jurídica que en la actualidad el país demanda por la relevancia económica y social de las operaciones inmobiliarias.


Sin embargo, aun existiendo la Ley No. 108-05, actualmente se discute si existe o no seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias en República Dominicana, un país donde el tráfico inmobiliario es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico.


En el panel, los expertos Rosabel Castillo, directora nacional de Registro de Títulos, Wilson Gómez, juez del Tribunal Constitucional; Catalina Ferreras, juez coordinadora de los Tribunales de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, así como Ramón Antigua y Robinson Cuello, especialistas en Derecho Inmobiliario y Registral, debatieron sobre la realidad de las operaciones inmobiliarias en el país.


El administrador de la Jurisdicción Inmobiliaria en RD, Ramón Antigua, dijo que "nos encontramos en un momento que nos obliga a redefinir y adecuar los procesos en la aplicación del derecho inmobiliario para garantizar la seguridad jurídica a los usuarios".


"En la Jurisdicción Inmobiliaria asumimos como reto la erradicación de los riesgos de seguridad, reducir la incidencia de la falsificación documental, garantizar los principios de legalidad y autenticidad del sistema registral", argumentó.


De su lado, el Dr. Wilson Gómez,también especialista en Derecho Inmobiliario y Registral, destacó que actualmente la mayor deficiencia del sistema de registro de propiedad inmobiliaria en el país es la falsificación documental. Sin embargo, alegó que no es un problema particular del sistema inmobiliario porque "donde quiera que se manejan títulos de valor, hay amenazas".


"La titulación es un derecho que debe traspasarse con responsabilidad, el gran objetivo que tiene que cumplir un sistema de propiedad inmobiliaria es que se respete la titulación. Creo que faltan cosas por hacer, pero hay avances que nos muestran una nueva cara para la jurisdicción inmobiliaria", añadió.


Sobre las garantías que ofrece el principio de legalidad en los procesos judiciales, Catalina Ferreras, jueza coordinadora de los Tribunales de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, expresó que la certificación es el elemento fundamental para garantizar inversiones seguras.


"Para garantizar la seguridad legal de las inversiones inmobiliarias, todo ciudadano dominicano o inversionista extranjero, no solo debe sustentar sus inversiones en el certificado de título, sino que también tiene que tener una certificación actualizada del estatus jurídico del inmueble; sin importar la cuantía de la inversión es indispensable ese documento".


Mientras, la directora nacional de Registros de Títulos, Rosabel Castillo, sostuvo que ese órgano procura y enfatiza en la protección de la seguridad jurídica que conlleva cada una de las operaciones en materia registral.


"Nosotros velamos por el cumplimiento de los principios registrales y la seguridad jurídica que conlleva cada una de las operaciones, para que no sea violentada por los aspectos que pudieran darse ante el incumplimiento del principio de legalidad", puntualizó.


La República Dominicana tiene la oportunidad de ser un país de interés para la inversión extranjera a partir de la seguridad jurídica que ofrezca el tráfico inmobiliario, expresó el especialista en Derecho inmobiliario y registral, Lic. Robinson Cuello.


"Desde esa óptica, el rol de la seguridad jurídica que el Estado debe garantizarle a las operaciones inmobiliarias, sumado al compromiso que deben asumir los órganos de la seguridad inmobiliaria, juegan un papel protagónico en el desarrollo y sostenibilidad de la sociedad de cara hacia el futuro", añadió.


Asimismo, Cuello manifestó que sin seguridad jurídica se viviría en un estado de incertidumbre y destacó que "de ahí la importancia de los sistemas registrales porque no se puede concebir una sociedad donde los sujetos no sepan quién es el dueño de una cosa".


Además, destacó que uno de los grandes retos que tiene República Dominicana es ofrecer oportunidades a los inversionistas.


"Hoy las economías no tienen nacionalidad, miran a los lugares donde existen mayores oportunidades y retribución respecto a la inversión, un elemento fundamental para que RD obtenga fuentes de inversión como oportunidad de ofrecer plazas de trabajo a partir del fomento de la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, que se traduce en una fuente de riqueza para el país", resaltó.


El panel fue moderado por Harold Modesto Sánchez, coordinador de la Unidad del Poder Judicial del OPD, y contó con las palabras de bienvenida de Yeimi Portes, investigadora de la misma Unidad.


El evento constituyó el primer debate sobre la importancia de la seguridad jurídica que ofrece la Jurisdicción Inmobiliaria para el desarrollo de las operaciones inmobiliarias en el país.


Por: Cinthia Lazala

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