sábado, diciembre 3, 2022
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La Ley más violada del país

Julio Gutiérrez

Cuando los asesores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con las autoridades dominicanas, decidieron implementar un plan para la modernización del Congreso Nacional y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, presentaron un portafolio con varias iniciativas jurídicas, con el propósito de que las mismas sirvan de instrumentos legales y regulatorios; pretendiendo, además, galvanizar las funciones de los organismos de control y supervisión para el buen manejo de los recursos del Estado Dominicano cuyo objetivo es, el de transparentar las actividades del Sector Público, centralizado y descentralizado.

En un periodo de siete años (del 2000 al 2007) se elaboraron, aprobaron y puestas en ejecución, una cantidad determinada de Leyes, Decretos y Normas, con el propósito de fortalecer las instituciones responsables del manejo, control, seguimiento y preservación de los recursos públicos. Para tales fines, se crearon, entre otras, la Ley 20-00 sobre la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI); la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ley 120-01 sobre el Código de Ética del Servidor Público; Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas; Ley 10-04 que establece competencias y atribuciones a la Cámara de Cuentas para instituir el Sistema Nacional de Control y Auditoría; La Ley 10-07 que instituye junto con la Cámara de Cuentas, el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República; la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Contrataciones, modificada por la Ley 449-06.

De todas las leyes detalladas en el párrafo anterior, la que más polémicas ha suscitado en su interpretación y ejecución es la número 340-06, sobre compras y contrataciones. La misma establece normativas que se refieren a los procesos de licitación y adjudicación de obras y servicios.

Las acciones violatorias de los funcionarios públicos contra la referida Ley, son tantas como sus articulados, para mostrar algunas de ellas; antes, queremos precisar que esas violaciones se observan desde la negligencia del organismo gestor hasta los contratantes y los concesionarios.

Las infracciones a la Ley 340-06, se originan en el Pliego de Condiciones, que es el documento que establece las reglas para las licitaciones. A este paso le sigue la carencia de publicidad y difusión que imposibilita la participación y acceso de los oferentes. En ese mismo orden, muchos de los resultados de las licitaciones no se dan a conocer a los participantes en el tiempo que establece la Ley.

En ocasiones se fraccionan los volúmenes de las compras o contrataciones de bienes, obras o servicios para eludir los procesos de selección. A esto se añaden los procedimientos dolosos de dar informaciones erradas a los oferentes para que sus propuestas, tanto técnicas como económicas, no se ajusten a las condiciones establecidas.

La participación de familiares en los procesos de compras y contrataciones es una de las violaciones más frecuentes; no obstante, tener conocimiento de que el Artículo 14, en su Numeral 5, de la Ley 340-06, no lo permite. Regularmente, los violadores constituyen una empresa, para eludir esta disposición, pero el Numeral 6, se opone a esta práctica.

Las disposiciones de la Ley 340-06 sobre las licitaciones restringidas, la selección por comparación de precios y las adendas a los contratos de un 25 % para las obras y un 50 % para los servicios, nunca se han cumplido como manda la referida Ley. Las licitaciones restringidas, a veces son subterfugios, para lograr engañar y salir ganancioso de una situación que no se puede justificar. En la selección por comparación de precios hay una contradicción entre calidad y precio, que muchas veces los responsables de la licitación no pueden explicar el otorgamiento de un contrato a un menor precio, sacrificando la calidad de la cosa a adquirir. Para las adendas el tope de 25 % para las obras y el 50 % para los servicios, no hay control, ya que se han conocido casos de violaciones con adendas de mas de un 100 por ciento del valor original del contrato base.

La Ley número 340-06 sobre Compras y Contrataciones siempre será motivo de violación, debido a que los violadores están en la cúspide de la pirámide de mando de la cosa pública, ya que la impunidad no reside en la base.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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