Con la reciente colocación de US$2500 millones de bonos soberanos, el gobierno del Presidente Danilo Medina ha agotado prácticamente la totalidad del financiamiento externo autorizado en el presupuesto 2020.
Con ello pone en peligro la estabilidad económica del país.
En primer lugar por la suspicacia que genera colocar en el primer mes del año prácticamente la totalidad del financiamiento externo autorizado en el Presupuesto 2020 y la posibilidad que esos recursos sean derrochados y utilizados para una campaña electoral en la que el gobierno se encuentra en desventaja según todas las encuestas y ya el Presidente Medina ha dicho públicamente que dispondrá de recursos para los candidatos.
En segundo lugar por que al agotar prácticamente todo el financiamiento externo en el primer del año, somete al próximo gobierno a una camisa de fuerza debido a que no contará con recursos externos para desenvolverse; en circunstancia que ya la deuda pública estaría aproximándose al 58% del PBI, parámetro utilizado por organismos internacionales para dictaminar el sobre-endeudamiento de una economía .
(Al respecto, la deuda pública consolidada a Sept/2019 alcanzaba US$43,738 millones. Sumados los presentes bonos, cuentas por pagar a contratistas y suplidores, atrasos al sector eléctrico por deudas reconocidas y contingentes relacionadas con Punta Catalina, Capitalización del Banco Central, etc; ya bordearía los US$50,000 millones que comparado con PIB estimado en US$ 90,000 millones coloca el % deuda/PIB, a principios de año, en 56%).
En tal sentido, y para preservar evitar los males señalados, constituye un imperativo que se le exija al gobierno programar los desembolsos financiados con esos bonos a un ritmo mensual determinados duodécimas del monto obtenido.
Las instancias responsables de la nación deberán exigirle al gobierno para que por vía administrativa someta dichos desembolsos a un calendario regido por duodécimas .
Si no, la oposición congresional tiene el recurso de proponerlo por vía legislativa.
Al respecto nos permitimos recordar que grupos políticos opositores han elevado recursos a las instancias judiciales correspondientes solicitando la nulidad de leyes relacionadas con la emisión de estos bonos bajo el argumenta de ser tramitadas irregularmente.