Algunos aspectos que inciden negativamente en la vida doméstica de un país, tienden a aparecer y con el paso del tiempo, mediante la implementación de medidas de control, desaparecen. Aquí, tenemos asuntos no resueltos por décadas; por no decir, que pasan de un siglo. Entre esos asuntos hay dos que vienen aguijoneando la capacidad de resiliencia del pueblo dominicano. Uno es el servicio de energía eléctrica, que data desde el siglo pasado; y el otro, tiene se origina con la fundación de la República, que es la Deuda Pública. Se define como los compromisos contraídos, poniendo como garantía el patrimonio estatal; los mismos, vienen sucediéndose por más de 170 años, con una connotación endémica.
Desde mediados del Siglo XIX hasta un tercio del Siglo XX, los presidentes que ocuparon la Primera magistratura de la Nación, concertaron empréstitos en condiciones onerosas para el Estado Dominicano. Como muestra, podemos citar las negociaciones de Buenaventura Báez, con prestamistas de gobiernos extranjeros, dando como garantía el usufructo de los muelles principales del país, llegando al extremo de ceder los yacimientos de carbón y bosques de Samaná hasta intentar en anexar el territorio nacional a los Estados Unidos de Norteamérica con el propósito de obtener fondos para la maltrecha economía. Por suerte esta última intención no pudo concretizarse, ya que el presidente estadounidense (Ulysses S. Grant) no obtuvo la aprobación del Congreso de su país para esa operación. En cuanto al presidente Ulises Heureaux (Lilis), los acuerdos de empréstitos siguieron la misma tónica que las empleadas por el presidente Báez, la de comprometer la administración de las aduanas, el ferrocarril Central Dominicano, por préstamos cuyos montos nunca fueron desembolsados en su totalidad.
La deuda pública desde el 1888 al 1916, fecha de la intervención norteamericana, se manejó de renegociación a renegociación, con el propósito de neutralizar los reclamos de los acreedores. En los inicios del régimen trujillista, la deuda externa ascendía a la suma de 12 millones de dólares. Ese balance se determinó debido a la autogestión de los ingresos por concepto de impuestos aduanales, aplicados como “dación en pago” de la deuda acumulada por gobiernos anteriores.
El acuerdo conocido como “Tratado Trujillo-Hull”, firmado el 24 de septiembre de 1940, fue considerado por los críticos políticos de esa Era, como una jugada estratégica del régimen, pues su objetivo fue liberar al gobierno del control estadounidense de las aduanas del país. No hubo una cancelación total de la deuda externa por un monto de 12 millones de dólares, ya que solo pagó 9.7 millones. Al finalizar la dictadura, el monto de la deuda pública ascendía 18 millones de dólares.
A la llegada al poder del régimen balaguerista, en el año 1966, la deuda externa se contabilizaba en 161 millones de dólares, en los doce años de gobierno, esa deuda se calculó en 1,353 millones. Al regresar al poder en el 1986, el presidente Balaguer encontró el balance de la deuda externa en 3,810 millones de dólares. Ese aumento de casi 2,500 millones, se les cargan a los gobiernos peredeistas de los periodos 1978-1982 y 1982-1986.
Al término de los diez años de gobierno (1996), el presidente Balaguer dejó un balance de 3,994 millones de dólares por concepto de deuda pública.
Durante el periodo 1996-2000, el gobierno peledeista mantuvo un criterio inusual al tratamiento de la deuda pública, disminuyendo en más de un 10 %, el volumen entregado al próximo gobierno 2000-2004. En ese periodo, la economía dominicana experimentó, lo que podríamos definir como un derrotero de las finanzas debido a la quiebra de varios bancos y ser pionero en la emisión de Bonos Soberanos; por lo que, el siguiente gobierno peledeista recibió una deuda de 9,700 millones de dólares. A partir de del 2004 se inició un aumento desproporcionado de la deuda pública, calculándose para los periodos 2004-2008 y 2008-2012, el balance a 25,500 millones de dólares, unos 16 mil millones adicionales a los recibidos en 2004. La espiral de préstamos no se detiene, pues en la sucesión de los gobiernos peledeistas (2012-2016 y 2016-2020), el nivel de la deuda pública consolidada, cerrará con un balance de 50,923 millones de dólares.
Después de este repaso de la deuda pública eterna, la pregunta obligada es, quien se ha beneficiado o perjudicado con estos endeudamientos, ya que el primer préstamo gestionado en el año 1868, por el presidente Buenaventura Báez, fue de 420,000 libras esterlinas y el país contaba con 460,000 habitantes. Para este año 2020, se contempla en el Presupuesto Nacional un financiamiento de 4,600 millones de dólares y la población actual es de menos de once millones de habitantes.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
