Desde hace algún tiempo me vengo preguntando cómo Gonzalo Castillo, con un origen tan humilde, que no le permitió recibir ninguna herencia, se nos presenta hoy como uno de los políticos más ricos y poderosos del país. ¿Haciendo negocios con el Estado del cual fue Ministro de Obras Públicas por más de siete año, firmando contratos súper millonarios?
Su primera declaración de bienes, el 12 de agosto del 2012 presenta un patrimonio superior a los 500 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? No tengo la menor idea. Una información que no encuentro en ningún medio de comunicación es la declaración jurada de bienes que debió hacer cuando salió del ministerio de Obras Públicas como lo establece la Constitución que incluso, invierte el fardo de la prueba, de tal manera que le corresponde a los funcionarios justificar, ante el organismo correspondiente la idoneidad de los mismos.
No son pocos los que señalan que Gonzalo hizo fortuna con sus empresas trabajando con el Estado desde sus inicios, a lo cual tenía derecho como empresario privado. Hasta ahí todo está bien. Mi pregunta es, ¿en cuánto aumentó su patrimonio desde que asumió el poderoso ministerio de Obras Públicas por más de siete años, con el apoyo de su amigo y soporte Danilo Medina que le permitió firmar acuerdos millonarios en dólares y en pesos –los más grandes y costosos- con Odebrecht (aún sin investigar ni aclarar el punto de los sobornos) y otras empresas privadas?
Gonzalo actuaba como ministro y como empresario al mismo tiempo, algo prohibido que está prohibido por la Constitución que establece aumentando el caudal y el de sus empresas que crecieron como la espuma. Aeroambulancia dejó de ser una empresa pequeña. Hasta no hace mucho tenía 13 aviones de lujo bien equipados y 23 helicópteros. (Para que tengan una idea el avión de 14 pasajeros de Alex Rodríguez costó 40 millones de dólares, más de dos mil 200 millones de pesos)
La Constitución de la República que todos los poderosos de la política ignoran cuando les da la gana dice: Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que prevaliéndose de sus funciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga Constitución de la República que en su artículo 146 dice; prescripción de la corrupción en los para sí o para terceros provecho económico. 2- de igual forma será sancionada la persona que proporcione ventaja a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
Y dice más: 3- Es obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las o los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones de autoridad competente.
El artículo 135.- Los ministros o viceministros, no puede ejercer ninguna actividad profesional o mercantil que pudiere generar conflictos de intereses.
Significa que una persona no puede ser funcionario, empresario, contratista, suplidor del Estado, o realizar otras actividades que favorezcan o beneficien a sus empresas como es el caso de otros altos funcionarios del gobierno, que comen con su “Dama” desde el Estado, violando la Constitución y sus leyes. No es solo Gonzalo, casi todos los altos funcionarios que son empresarios, como José Ramón Peralta, para solo citar un caso.
Tengo una lista de las instituciones del Estado, incluyendo las descentralizadas, incluyendo las compañías de seguros privadas, pero asociadas al Estado, que tienen contratos millonarios con Helidosa para un servicio de Aeroambulancia. Casi todas las instituciones del Estado, desde el Palacio Nacional, Banreservas, Ministerio de Defensa, el Congreso, Junta Central Electoral, Indotel, entre muchas otras, pagan igualas o contratos millonarias por un servicio que solo es utilizado eventualmente.
¿Cuántos millones de pesos reciben las empresas de Gonzalo del Estado durante los últimos diez o quince años? No lo sé. Sería interesante saberlo acudiendo a la ley de acceso a la información pública. Participación Ciudadana o cualquier otra entidad dedicaba a combatir la corrupción y la impunidad podría investigarlo. Sería gran aporte a la transparencia.
El dinero que exhibe Gonzalo Castillo en esta campaña electoral es descomunal. ¡Avasallante! Los partidos de oposición, que están en desventaja económica, tienen que pedirle a la Junta Central Electoral equidad en el proceso electoral. Si el Estado es la fuente de la fortuna que nos enrostra el candidato presidencial, entonces no hay, ni puede haber, una competencia legal, ni justa. Pregunto: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
Supongo que el más interesado en que sus cuantiosos bienes resulten transparentados y esclarecidos ante la opinión pública y el pueblo, debe ser el propio Gonzalo Castillo, y el PLD que sustenta su candidatura.
Un comercial en radio y televisión del ministerio de Educación coloca a unos niños y niñas diciendo en que quieren convertirse cuando sean mayores: Yo debí ser como Danilo Medina, Margarita Cedeño Félix Bautista o Gonzalo Castillo, entre otros magos de las finanzas.
POR JUAN T H
