domingo, enero 29, 2023
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El alcance de los hechos punibles

Julio Gutiérrez

Cuando tratamos el tema de la corrupción siempre la asociamos a una conducta delictiva orientada a crear daños y ser imputable, conforme a la veracidad de las pruebas encontradas en contra del responsable o grupos de individuos responsables de infringir la Ley.

Para que el delito sea identificado como un hecho punible, debe ser relacionado con la misma figura descrita en la Ley como delictiva y, la acusación merezca la pena impuesta por el Derecho Penal.

Los escenarios descritos a través de los medios de comunicación, en los últimos días, han generado comentarios y opiniones vinculados con la metodología de las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades pertinentes, tales como, los apresamientos, las imputaciones clasificadas para solicitar las medidas de coerción, previas a la implementación de un juicio de fondo.

Muchas de las tipificaciones contempladas en los actos corruptos, se articulan sobre la base de un conjunto de herramientas, cuya finalidad es burlar la acción judicial, por creer los involucrados que su mecanismo conspirativo es inescrutable. Con más énfasis arrecian sus tropelías, si en el seno de esos grupos, hay personas que se sienten con el apoyo de algún sector político con influencia en el gobierno de turno.

En nuestro país tenemos leyes para todo tipo de regulación y forma de corregir o penalizar los exabruptos de personas con inclinaciones delictivas. Simplemente, cuando esas leyes no se aplican en su verdadera magnitud o las mismas son engavetadas para propiciar un ambiente de impunidad, los corruptos entienden que tienen “luz verde” para seguir con sus tropelías. Figuras representativas como, el “apadrinamiento”, “testaferro”, “lugarteniente”, han servido para encubrir los dolos contra el Estado, mediante el empañamiento de los Términos de Referencia de una determinada licitación, la cual, en muchas ocasiones, son “elaboradas” para enmarcarlas dentro del perfil de un “apadrinado”.

En otras ocasiones me he referido a la Ley 346-06 de Compras y Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, como la más violada de todas las disposiciones legales de nuestra jurisprudencia, en especial, los Articulas 14, Numeral 5 y el 31, Numerales 2 y 4. El primero estipula lo siguiente: “Art. 14.- 5) No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado las siguientes personas: Los parientes por consanguinidad hasta el tercer grado o por afinidad hasta el segundo grado, inclusive de los funcionarios. También, los cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, parejas consensuales o con las que hayan procreado hijos y descendientes de estas personas, están impedidos de participar en los procesos de contratación de las entidades a las cuales pertenecen dichos funcionarios”. En el segundo Artículo, se indica lo siguiente: La entidad contratante tendrá las facultades y obligaciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de las que estuvieren previstas en otra legislación y en sus reglamentos, en los pliegos de condiciones, o en la documentación contractual. Especialmente tendrá: 2) Podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público; 4) En el caso de la contratación de servicios, podrá modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), por razones justificadas que establezca el reglamento.

Los violadores de la referida Ley 346-06, minimizan el carácter penal de la misma, pues consideran que esas acciones delictivas, cuando son cometidas bajo un régimen que le ofrece protección para ser encartados de hechos punibles, están seguros de que burlaran cualquier enjuiciamiento en su contra.

Hacemos énfasis en la Ley 346-06, pues para muchos es la llave que abre y cierra cualquier transacción con intención de lucrarse a expensa de los fondos públicos. En el caso de los proveedores del Estado, las truchimanerias se ejecutaron por una actitud de las autoridades responsables de los organismos de fiscalización y control, apoyándose en la expresión: “laissez faire, laissez passer”.

Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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