FLORIDA.- Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción.
R.D. es el país con mayor porcentaje de empresarios encuestados que consideran que en su sector productivo se ofrecen sobornos.
El porcentaje (86 %) es mayor que el de todos los países de la muestra, y se ubica 10 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina.
En el entorno empresarial también se pueden presentar prácticas de fraude corporativo que, aunque no afectan los recursos de los Gobiernos, contribuyen significativamente al colapso de corporaciones y a crisis financieras.
El 40 % de los encuestados en R.D. reportó haber experimentado fraude externo, y un 30 % afirmó haber enfrentado fraude interno en los últimos 12 meses. Los dos valores para el país superan el promedio mundial reportado. Solo un 3 % de los casos de fraude en R.D. fueron hallados a través de la figura de denunciantes, lo que refleja el bajo uso de este mecanismo.
En Quisqueya los canales de denuncias son poco usados debido a que no existe una legislación que proteja al denunciante. Frente a esto, el 78 % de las personas en R.D. indican que sufrirán represalias si denuncian, y el 58 % considera poco probable que las denuncias tengan consecuencias. ¿Cuáles son las recomendaciones?
Expedir una normativa para proteger al delator de casos de corrupción “Fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción, pues aumenta la probabilidad de detección de actos corruptos”
El documento según la OCDE, fortalecer los canales de denuncia y la protección a los delatores es clave en la lucha contra la corrupción, pues aumenta la probabilidad de detección de actos corruptos.
Para el caso de R. Dominicana, la OCDE le recomienda al país adoptar una legislación que proteja a los denunciantes, por lo que es fundamental que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, presente una iniciativa legislativa que provea un marco legal para proteger a los denunciantes.
El proyecto de ley debería incluir las garantías a las que estos tendrían derecho, así como las condiciones en las que se les brindaría seguridad, protección y defensa jurídica, entre otras.
De igual forma, organizaciones de la sociedad civil como Transparencia por R.D. recomiendan la importancia de que la iniciativa deba promover las denuncias anónimas, ya que el anonimato y la confidencialidad son medidas de protección esencial según estándares internacionales
Esta normativa también deberá contemplar la posibilidad de que los denunciantes puedan utilizar información privilegiada para demostrar la ocurrencia de los delitos.
Incluir a los denunciantes de actos corruptos entre las personas sujetas a protección:
Se recomienda cambiar el estatus de los denunciantes para que sean considerados población vulnerable, lo que se justifica en el hecho de que estos son víctimas de la corrupción, pues con su denuncia aportan a la defensa del bien común a la vez que ponen en riesgo su bienestar
Por Johnny Sánchez
