Consecuencia de la terrible situación iniciada el año pasado por la pandemia del covid 19, resultaba imprescindible buscar la mejor manera de estructurar el presupuesto general de la nación para el 2021. Al no ser un año electoral, el presidente de la república propuso que los partidos políticos recibieron solo el 50 % de los fondos que les asignan y el resto se utilizará en la construcción de una sede de la UASD en Santo Domingo Este.
La iniciativa fue bien acogida por la sociedad. La misma se introdujo en el proyecto de ley de presupuesto de ingresos y gastos públicos del gobierno para este año. De esa forma aprobó el congreso nacional dicha ley y se consignaron alrededor de 630 millones para los partidos e igual cantidad para la citada extensión universitaria.
Cabe resaltar que ninguna ley establece un monto fijo a ser destinado a los partidos políticos. Se fija por ley la forma de distribuir lo asignado en función de la votación obtenida en la última elección, pero no la cuantía a ser repartida.
La JCE es la entidad receptora de los referidos recursos y encargada de distribuirlos en función del ordenamiento por ella establecido para cada organización partidaria tomando como referencia la votación de cada cual. Su reciente clasificación partidaria, correcta desde mi punto de vista, produjo una reacción de rechazo de muchos partidos, porque solo dos quedaron como mayoritarios.
Como si se tratara de una especie de mecanismo compensatorio, el organismo electoral solicitó al poder ejecutivo entregar completos los fondos para los partidos. Tan sorpresiva petición generó una atinada comunicación del excelente director general de presupuesto, afirmando que eso no era posible porque la ley sólo contempló el 50%.
Las sorpresas no habían terminado. De forma insólita, el ministro administrativo de la presidencia, también presidente del PRM, convocó una rueda de prensa para anunciar que el gobierno apoya la entrega del monto completo a los partidos, argumentando que no quería contradecir o entrar en enfrentamiento con partidos de oposición ni con una JCE nueva que tiene opinión contraria.
Exhorto al Lic. José Rijo Presbot que no se sienta mal. La razón legal le asiste. La JCE no tiene facultad para incidir en el monto a ser recibido por los partidos. Para actuar de forma diferente a lo establecido en el presupuesto, habría que modificarlo por ley. Se trata de una reversa que afecta la imagen gubernamental.
Por Pedro P Yermenos
