La corrupción administrativa, después de años de resultarle indiferente a la ciudadanía, sin aparecer en encuestas dentro de los problemas preocupantes, se ha colocado, por fin, como uno de sus temas de mayor interés. Es poco probable que vuelva a establecerse un sistema organizado de defraudación del patrimonio público y pase desapercibido, sin una generalizada reacción de rechazo y acciones para provocar consecuencias.
Es tan así, que esa circunstancia estuvo en el epicentro de las causas que provocaron un cambio de gobierno en las recientes elecciones nacionales. La gente se hastió de constatar cómo se hacía gala de ostentación de riquezas obscenas, imposible de justificar sobre la base de salarios de posiciones gubernamentales.
Lo peor que podría ocurrirle a quienes por razones coyunturales resultaron beneficiarios de esa realidad, sería no tomar conciencia de que deben hacer lo posible por satisfacer las expectativas porque, de proceder así, serían los próximos destinatarios de contundentes manifestaciones ciudadanas. El pueblo ha despertado y agota una etapa que vislumbra rumbos distintos para una democracia que ha tardado en consolidarse precisamente por lo fácil que es no ejercerla con un conglomerado social adormecido.
De necesitarse pruebas de que las cosas empiezan a ser distintas en el sentido aludido, me remito a la elección de la nueva Cámara de Cuentas. Resultaron ostensibles los intentos que se hicieron, cuyo origen estuvo en la Cámara de Diputados, pero que contaba con aval de distintos estamentos partidarios, para estructurar un Organismo que no iba a generar la confianza requerida para que no se repitiera el lastimoso espectáculo que protagonizó la entidad a ser sustituida.
Si algo formó parte vital del tinglado de corrupción administrativa, fue el Órgano que, por ironía, está establecido para impedir que así suceda. Sin importar la magnitud del latrocinio, se creaba el mecanismo para eludir la indagatoria o se exponía un ficticio estado de regularidad.
Advertida de la situación, sonaron las alarmas de la nueva ciudadanía y la presión social jugó su papel. Los sosiegos se iniciaron cuando el primer mandatario garantizó que se recurriría al mismo criterio que para la integración de la JCE; la selección de la Procuradora General y la designación del Director de Compras y Contrataciones.
Resaltable el rol de la comisión senatorial y de su presidente, el senador Antonio Taveras quien, desde el inicio, comprometió su coherencia con la conformación de una Cámara de Cuentas a la altura de lo que se demanda. Respiramos.
Por Pedro P Yermenos
