En las actuales circunstancias constitucionales, legislativas, políticas, sociales, económicas y sanitarias, remitir la posibilidad de aprobar las tres causales que eximirían de responsabilidad interrumpir un embarazo, a la consideración ciudadana a través de un referendo, es decretar la imposibilidad de su acogida.
Podrá decirse fácil, pero las probabilidades de materializar una consulta directa al electorado en referendo, es algo que no se vislumbra en nuestro horizonte a corto ni mediano plazos. Analicemos las razones de afirmación tan categórica.
El referendo es una figura introducida en la constitución dominicana del 2010. La Carta Magna refiere que su regulación se regirá por una ley marco que, a más de una década de distancia, no ha sido aprobada.
El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto en este sentido. Quiere decir que lo primero que habría que esperar es la aprobación del mismo lo que, en ningún caso, se hará en corto tiempo.
Supongamos que La ley sea aprobada sin mayores cambios. Los obstáculos para implementar un referendo son enormes y eso no solo en este país. Un mecanismo de ese tipo es algo excepcional en todas partes. Sin agregar que la ley puede ser atacada por inconstitucional, abriendo un proceso ante el Tribunal Constitucional.
Se trataría de un referendo consultivo el que habría que hacer para el tema de las tres causales. La iniciativa para proponerlo corresponde al Presidente; a una proporción de los electores no menor al 2% del padrón y a 1/3 mínimo de los miembros de las Cámaras.
La menos traumática de todas es la del Presidente. Partamos de que lo propicie. Su propuesta debe ser convertida en ley (otra) con al menos las 2/3 partes de los miembros presentes en cada Cámara. Luego de aprobada, el presidente remite la ley a la JCE para comenzar todo el proceso de llevar a cabo el referendo, el cual, tiene poca diferencia con un certamen electoral, con campaña incluida.
Para una propuesta ser aprobada, debe participar el 30% o más del padrón y obtener más de la mitad de votos emitidos. No he dicho lo peor. El referendo consultivo no es vinculante. La propuesta acogida debe ser asumida por alguien con iniciativa legislativa y sometida al Congreso quien la aprobará o rechazará.
Lo anterior, sin mencionar el extraordinario costo que conlleva, impensable en la actualidad. Otro elemento trascendente: La división social que generaría en momentos que precisan todo lo contrario.
Por Pedro P. Yermenos
