viernes, septiembre 30, 2022
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Aspectos conceptuales en la Ley de Extinción de Dominio

Al finalizar el mes de diciembre de 2021, escribí un artículo, en este mismo periódico digital, en el cual, expresaba la conveniencia de aprobar una Ley como la de extinción de dominio. Tres meses después, volví a escribir, refiriéndome a los aspectos ilícitos que dicha Ley, todavía en Proyecto, debía de contemplar. En esta semana, ante los criterios y opiniones del alcance, ámbito y aspectos jurídicos para su aplicación, considero necesario recordar que, toda ley “sin garras”, es “un pedazo de papel”.

Las diferencias surgidas entre los opinantes de que, si en dicho Proyecto de Ley, se debe incluir o no determinadas figuras ilícitas; si debe abarcar un periodo para su aplicación o, como serán manejados los bienes decomisados que determine un tribunal competente, etc. A todas estas inquietudes, se le agrega el padrinazgo u origen del referido Proyecto de Ley.

Comencemos por el final de las inquietudes del párrafo anterior. En el mes de abril del 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), puso a disposición del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio. Hasta el momento, dicho Modelo de ley, ha sido adecuado y puesto en ejecución, en siete países Latinoamericanos. De aprobarse en nuestro país, seriamos el octavo.

Para los que han opinado con respecto a los aspectos constitucionales y jurídicos de la Ley de Extinción de Dominio que se discute en el Senado de la República, vamos a reseñar cuatro artículos de la Ley Modelo elaborada por UNODC. Los Artículos 3 y 4 establecen las diferencias conceptuales de los términos retroactividad e imprescriptibilidad, veamos: “Articulo 3. Retroactividad. La extinción de dominio se declarará con independencia de que los presupuestos para su procedencia hayan ocurrido con anterioridad a la vigencia de esta Ley”. “Articulo 4. Imprescriptibilidad. La extinción de dominio es imprescriptible”.

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Los artículos 6 y 7, establecen, en definitiva, la descripción de los bienes y su legitimidad. El detalle de los tipos de bienes es importante para evitar confusión o conjeturas al momento de aplicar la ley. “Artículo 6. Presupuestos de la extinción de dominio. La extinción de dominio procederá sobre:

a.- Bienes que sean producto de actividades ilícitas.

b.- Bienes que sean instrumentos de actividades ilícitas.

c.- Bienes que sean objeto material de actividades ilícitas.

d.- Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.

e.- Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.

f.- Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.

g.-Bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.

h.- Bienes que constituyan ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los anteriores bienes”. “Artículo 7. Transmisión por causa de muerte. Los bienes a los que se refiere el artículo anterior no se legitiman por causa de muerte. En consecuencia, la extinción de dominio procede sobre éstos”.

Para los que plantean que el Proyecto de Ley de Extinción de Dominio es una imposición extranjera, hay que recordarle que el Modelo sobre Extinción de Dominio, tiene un marcado interés del Programa de Asistencia Legal para América Latina y el Caribe, adscrito a las Naciones Unidas. Si en el Senado de la República, resultare una ley que no se ajuste a los articulados principales del Modelo elaborado por la UNODC, es posible que no pasemos la materia y, en lugar de contar con una herramienta jurídica capaz de extinguir la posesión de bienes ilícitos en manos de personas o grupos corruptos, se convierta en una “extensión del dominio” de esos bienes mal habidos.

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Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense

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