Recientes disposiciones gubernamentales constituyen buenas señales para enmarcarse en el Bien Común.
Las designaciones de funcionarios perfilan mayor confianza e independencia partidaria y empresarial.
La admisión de déficits por subsidios y burocracia planteada por DIGEPRES, anteriormente minimizados, puede ser indicio de una fiscalidad más responsable ante amenazas que nos afectan.
Gastos en estas partidas generan déficits propios de una fiscalidad artificiosa y politizada conducente a incrementar la inserción de nuestras finanzas en la vorágine del endeudamiento que muchas veces las autoridades parecen preferir, en lugar de prescindir o escaparse de dicho mundo, quien sabe por qué razones.
Estas buenas señales gubernamentales pudieran incluso calificarse como más efectivos dentro de propósitos políticos, incluyendo búsqueda de la reelección.
Encarar responsablemente problemas proporciona más dividendos políticos que gobernar mediante espectáculos mediáticos y utilización complaciente de recursos inspirados en concepciones populistas.
Las experiencias lo demuestran. De nada valieron aquellos discursos defendiendo gastos corrientes- “que viva el gasto corriente”- para subsanar efectos inflacionarios del mal manejo de crisis bancaria (2004); ni abultar burocracia y subsidios, ni visitas sorpresas (2020). Ni programas del tipo “pagar para no pegar” para intentar modificar Constitución en 2012 cuando se prohibía reelección.
Estas buenas señales emitidas hacen necesario, aquí y ahora, otras para consolidarlas que, en sentido general deberían encarar urgencias que penden sobre nuestra socioeconomía, inspirándose en satisfacer necesidades de producción y empleo dignos y estables, en medio del desconcertante clima internacional imperante.
- Convendría adoptar una agenda en este sentido que debería abordar:
1. Autosuficiencia alimentaria, aumentando la producción en cantidad suficiente para satisfacer necesidades y contener o reducir precios; lo cual requiere, entre otras medidas, reorientar subsidios del consumo hacia la producción: subsidiando incrementos de intereses a productores afectados por política monetaria antiinflacionaria.
2. Eliminar rezago agropecuario, sector de menor crecimiento, 3 a 15 veces más lentamente que el resto de economía; mediante diseño de programas masivos de siembra para que no quede una tarea de tierra sin producir en adición a los proyectos focalizados que está emprendiendo el gobierno.
3. Detener la creciente informalidad laboral (58%), reformando tributación para simplificar procedimientos y reducir tasas.
4. Equilibrar fiscalidad para no seguirse endeudándonos y borrar la percepción de que prefieren administrar con déficits para así gestionar préstamos connivencias con el sector financiero.
5. Mejorar calidad del gasto, menos en partidas corrientes que se cumplen al pie de la letra y más inversión que solo cumple las 2/3 partes de lo presupuestado; recurriendo al ahorro para revestirse, de paso, de autoridad moral y exigirlo en sectores.
6. Establecer programas de reducción de consumo de energía y combustibles mediante disposiciones que hagan menos necesario la movilización física, reorienten sistemas de transporte y reordenen el territorio.
7. Regular migraciones fronterizas, asumiendo posiciones proactivas, cooperadoras, con Haití; para superar degradación institucional y económica que origina las presiones migratorias sobre nuestro territorio.
8. Mayor preocupación ambiental para más salubridad: procurando limpieza en recolección y disposiciones de residuos; preservando bosques para disponer agua; economizarla, etc.
9. Eliminar crispación política para alcanzar consensos que viabilicen lo anterior, pudiendo comenzarse con el rescate de la educación nacional al borde de colapsar.
10. Hacer cumplir las disposiciones legales que regulan la Administración Pública:
a. Que cada instancia asuma las competencias que le señalan las leyes sin necesidad de mayor “acuerdos institucionales” y sin invadir competencias de otras reparticiones;
b. Que se instituya un sistema de seguimiento de las iniciativas anunciadas para garantizar su cumplimiento;
c. Que se prohíba el culto a la personalidad de los funcionarios en la propaganda oficial, limitándola a la divulgación de las competencias que se puedan cumplir;
d. Hacer que los funcionarios abandonen el sectarismo, triunfalismo y el regodeo de su vanidad personal.
e. Establecer sanciones administrativas contundentes para aplicársela a los funcionarios que no cumplan las disposiciones legales para prevenir y combatir la corrupción, incluyendo la que ellos mismos pudieran incurrir.
