La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue creada en el año 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Sus objetivos son los de mantener la paz y la seguridad internacional; proteger los derechos humanos, procurar la seguridad alimentaria; distribuir ayudas humanitarias, apoyar el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional de los países miembros, a través de los distintos organismos que la conforman.
Con respecto a la crisis económica, política, social e institucional por la que atraviesa el vecino país de Haití y las repercusiones que está teniendo en la República Dominicana, esta organización está dejando mucho que desear y cada día se hunde en el desprestigio, en la falta de confianza y credibilidad, por la incapacidad, indiferencia e insensibilidad mostradas para buscarle una solución satisfactoria a la misma.
A raiz de los recientes pronunciamientos que hizo el Director de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk, para que la República Dominicana suspenda las repatriaciones de haitianos indocumentados, hasta que la situación en ese país mejore, además, de que cese la campaña de xenofobia, de discriminación racial y de odio existente. Los mismos han provocado una gran indignación entre los dominicanos que defendemos la seguridad y la soberanía de nuestro país, pues han sido considerados como un irrespeto, una provocación y una injerencia a nuestro país.
El señor Presidente de la República, Luis Abinader, de inmediato le respondió con gallardía al alto comisionado, enrostrándole “que las repatriaciones no solo se van a mantener, sino, que serán incrementadas, pues la República Dominicana no será la solución a la crisis haitiana”. La República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar una férrea política migratoria, amparada siempre en la constitución, a los tratados internacionales y a la Ley General de migración 285-04, tal como la han aplicado los Estados Unidos y otros países contra los indocumentados, y que lamentablemente, la ONU ni la llamada comunidad internacional se han pronunciado.
El alto comisionado reconoce la situación de calamidad e inseguridad que hoy prevalece en Haití pero estas no ofrecen ayuda ni soluciones a dicha nación. Nuestro país no tiene por qué atender la solicitud de la ONU y de la comunidad internacional, ya que estas no tienen calidad moral para trazarnos pautas y aplicarnos sanciones, pues no están cumpliendo con sus obligaciones y responsabilidades. Tampoco podemos aceptar promesas de ayudas ni boronas para permitir que en nuestro país se instalen campamentos de refugiados haitianos.
Nuestro país tiene que aplicar fuertes controles migratorios no solo en nuestra frontera, que es donde se origina y funciona una gran mafia que permite el paso de indocumentados hacia nuestro país, también en nuestras maternidades, en el sector turístico, en las plantaciones agrícolas, en el sector construcción, en los propios consulados dominicanos en Haití. Muchas obras públicas son también realizadas utilizando la mano de obra haitiana. Esta no es una tarea difícil de descubrir si hay voluntad política; basta darle seguimiento y aplicar un régimen de consecuencia.
Todos los sectores de nuestro país, independientemente de los colores y de las banderías políticas, debemos unirnos contra los objetivos perseguidos por la ONU y la comunidad internacional, pues lo que está en juego es nuestra soberanía.
Tanto la ONU como la comunidad internacional deben de buscar de inmediato una solución a la crisis de Haití, antes de que en ese territorio ocurra un genocidio y una explosión social que repercuta negativamente en nuestro país. ¿O será que es eso lo que se procura para actuar en consecuencia?
Por Alfredo Cruz Polanco
