La formulación del Presupuesto General de la Nación adquiere carácter legal, después de ventilarse su contenido en las Cámaras Legislativas del Congreso Nacional, cuya finalidad es evaluar ese instrumento, para que sea convertido en Ley, cuando el Poder Ejecutivo lo promulga y, a la vez, da su consentimiento para que el mismo sea ejecutado por las diferentes Unidades Responsables del Gobierno Central y las demás entidades incluidas en la Clasificación Programática del Gasto.
El Presupuesto General del Estado para el Año 2023, así se nombrará, una vez se convierta en Ley, tendrá cifras equivalentes a trece dígitos, cuyo valor representa un récord para las anteriores estimaciones de ingresos y gastos. Con un billón, 479 mil millones de pesos dominicanos, no solo adquiere notoriedad, también responsabilidad, ya que exige un mayor desempeño en el control, seguimiento y rendición de cuentas del manejo y administración de los recursos contenidos en esa herramienta presupuestaria.
En los presupuestos de años atrás se criticaba la discrepancia entre las ejecuciones de los Gastos Corrientes con respecto a los Gastos de Capital. Por décadas, el porcentaje asignado a los Gastos de Capital ha sido de un quince por ciento del Total de Gastos, ejecutándose un 85 % de ese total para los Gastos Corrientes. Es decir, todo el dinero recaudado y lo tomado como préstamo por el Gobierno Central, se utilizaba en Servicios Personales, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Transferencias Corrientes y el Servicio de la Deuda (intereses).
De acuerdo a pronunciamientos de funcionarios gubernamentales, para el año 2023, el Gobierno Central tiene como meta ejecutar la mayor inversión en obras de infraestructura que los construidos en ejercicios pasados. Pero, lo que produce inquietud, es que, en lugar de subir el porcentaje de los Gastos de Capital con respecto a los Gastos Corrientes, estos han disminuido, representado un 12.44 % del Total de Gastos.
Como documento de administración y control, tanto de los ingresos como de los gastos, el Gobierno Central debe entender que, mediante el Presupuesto General del Estado, el pasivo social que viene arrastrando el Estado Dominicano, por décadas, no se disminuye atendiendo las exigencias que implican las partidas corrientes de nóminas, suministros y transferencias corrientes.
El hecho de aumentar el financiamiento, con un valor de 363 mil millones, para cubrir el déficit presupuestario, genera inquietud, porque todavía se sigue con la creencia de que el Estado Dominicano no tiene que ajustarse a ningún indicador financiero como es el apalancamiento, especialmente, para aquellos que sostienen la tesis de que el Estado no debe ajustarse a determinados parámetros con respecto al limite de la deuda pública.
Tomar dinero prestado para financiar Gastos Corrientes no es el mejor camino para el desarrollo de la economía, esas medidas hacen crecer, pero con una anatomía frágil, propensa a cualquier contingencia endógena o exógena. Ministerios como Obras Públicas, Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Agricultura, Salud, han recibido variaciones tímidas con respecto al ejercicio del año 2022. Aparentemente, no se puso atención a los reclamos de la ciudadanía, solicitando, construir, remodelar, acondicionar: calles, vías de acceso a otras localidades, mejoras de viviendas deterioradas, reacondicionamiento de escuelas y hospitales, puentes y elevados para aligerar el transito urbano, etc.
Es bueno recordar que, de las cuentas presupuestarias, las únicas que emiten “recibos de descargo”, con respecto al pasivo social, son las que agrupan los Gastos de Capital, ya que, su constitución tangible, forman parte el patrimonio nacional, configurando la solvencia del país.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
