martes, febrero 7, 2023
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Inspectores de Trabajo demandan al ministro De Camps por supuestos perjuicios

Santo Domingo, (EFE).- La Asociación de Inspectores de Trabajo de la República Dominicana (Asitraredo), que acciona dentro del Ministerio de Trabajo, demandó hoy a ese organismo y al ministro, Luis Miguel de Camps, por alegados incumplimientos de pagos por más de 600 millones de pesos y maltratos recurrentes en sus labores.

De acuerdo a un documento, el recurso fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Oliver Batia, en representación de los 174 servidores asociados a Asitraredo, dentro de las 40 representaciones locales del Ministerio de Trabajo.

«De lo que se trata es de denunciar los abusos cometidos en la gestión del ministro Luis Miguel de Camps García, quien les ha dejado de aplicar (a los inspectores) aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido el pago de viáticos y también causado perjuicios con el seguro médico», dijo Batia en un comunicado.

El abogado también acusa al ministro De Camps de supuestamente ignorar las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y someter a los inspectores a «traslados forzosos».

El jurista alegó que se calculan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos y que los traslados han causado la separación de familias, con el consecuente perjuicio para los hijos de los inspectores trasladados injustamente de una zona a otra muy lejana.

«El gran pecado cometido por los miembros de Asitraredo es que la mayoría pertenecen a la carrera administrativa, condición esta que no permite al ministro De Camps desvincularlos de manera arbitraria», enfatizó Batia.

Los demandantes exigen que el Ministerio de Trabajo acoja la escala salarial emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que oscila entre los 125,000 pesos y los 150,000 pesos como pago al mes.

Además, el pago de viáticos como autorizó el MAP, así como la puesta en ejecución del Convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo el cual, aseguran, establece que los países miembros de la OIT deben proteger y salvaguardar los derechos e intereses de los inspectores de trabajo.

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