Siempre que en justicia se ventilan en los tribunales del país, asuntos legales donde la controversia adquiere un carácter determinante en las futuras decisiones de la cosa irrevocablemente juzgada; las partes, se adhieren a la implementación del debido proceso como garantía de que, el flagelo de la prevaricación no contamine el juicio en cuestión.
En los dos últimos años, el Ministerio Público ha enarbolado la consigna del manejo independiente de los casos judiciales, formulados como consecuencia de las investigaciones pertinentes requeridas como elemento primordial para ejercer la impartición de justicia.
Tanto jueces como fiscales, en especial los últimos, en representación de los intereses económicos, morales y éticos de la sociedad dominicana, constitucionalmente, hemos entregado el poder, con la condición de impartir justicia, depositando en ellos, la protección de nuestras libertades y dignidad como entes sociales.
Una administración de justicia garantista y protectora de los derechos ciudadanos, debe ser tan independiente que inspire en el pueblo la confianza de que, los imputados en cualquier acto ilícito, recibirán todo el peso de la Ley. Ahora, hay que aclarar, que, el termino independiente no basta con una autonomía presupuestaria y que reciba o no precisión interna o externa. Independiente es, demostrar que tanto los jueces como los fiscales no tienen poderes excesivos, al margen de lo que expresan las leyes.
El sistema judicial tiene que evitar excesos en sus decisiones hasta llegar al punto de la prevaricación, por lo que aprovecho la ocasión para recordar la frase de un jurisconsulto español: “La esencia de la prevaricación es el despotismo, no la arbitrariedad, que es accesoria. La arbitrariedad sin poder no es nada”.
La prevaricación nunca encontrará asidero en las formalidades éticas exigidas en los procesos judiciales, siempre y cuando, los expedientes resultantes de una investigación, se han ajustado a métodos y principios apegados a normas y procedimientos morales que impidan el uso de mecanismos causantes de daños para la parte mas vulnerable de un proceso.
Un sistema de justicia compuesto por un Ministerio Publico sin ataduras y, jueces probos dictando sentencias, tomando en consideración los hechos y los daños causados a la sociedad, necesariamente, esta obligado a convertir la frase: “hasta las ultimas consecuencias”, en un estilo procedimental, para hacer cumplir las leyes, mediante resoluciones ajustadas a la verdad de la cosa irrevocablemente juzgada, sin lugar a dudas.
Con la siguiente recomendación, proveniente del jurisconsulto español, citado previamente, hago un llamado para evitar que la prevaricación se superponga sobre la ética en la impartición de justicia en la República Dominicana, cito: “Y para lograr esa protección les hemos atribuido poderes realmente exorbitantes: una simple firma de una de esas personas en un papel de la Administración de Justicia puede causar daños irreparables en nuestra libertad, en nuestra hacienda, en nuestra imagen. Una simple firma puede destrozar una familia con irreparabilidad real del daño causado”.
Por Julio Gutiérrez
