Existe una creencia en la ciudadanía de que, los productos y servicios que el Estado, en su rol de prestador de bienes y servicios, no pone atención a la calidad de las obras y, si estas, son necesarias para la comunidad o el lugar de destino. Desafortunadamente, los servidores públicos, en un porcentaje atendible, asumen una actitud indolente en el procesamiento y uso de los recursos de la Nación, para darle vigencia a esa presunción.
Son muy pocas las instituciones estatales, inclinadas a desarrollar sus actividades, mediante el apoyo de normas internacionales de calidad que garanticen los resultados de su gestión, para que las mismas, formen parte del patrimonio del país.
En este sentido, los reclamos y protestas siempre están en el tapete, debido a que, en cualquier comunidad, las quejas por averías de maquinarias y equipos, por falta de mantenimiento, se deterioran ante la mirada absorta de un servidor público responsable de las prevención y custodia de ese bien estatal.
La cultura del ahorro y buen uso en los gastos funcionales, tales como: energía eléctrica, comunicación, material gastable, mantenimiento de locales y equipos, combustible y lubricantes, no se ha podido implementar, debido a que, los ocupantes de puestos o cargos públicos, al ser nombrados bajo la sombrilla del partido de turno en el pode, se muestran indolentes.
En el sector público, es difícil encontrar a muchos servidores que puedan enarbolar la bandera de: “la satisfacción del deber cumplido”, ya que las incongruencias y las disparidades, son frecuentes, al momento de medir los resultados del desempeño de un empleado. La categoría de “empleado de carrera”, se puede perder en cualquier resabio de un jefe de división, sección o departamento.
Una persona física o moral que tenga los medios de brindar servicios, no importará las veces que incumpla las clausulas contractuales, si es beneficiario de la protección o amiguismo del funcionario contratante. Dado esa situación, se puede observar cómo determinados tramos de carretera, puentes y locales, sufren de las mismas averías por tiempo ilimitado, sin que exista una solución definitiva.
El control de calidad de los productos y servicios gubernamentales, se puede instituir de manera práctica. Así como existe un Comité de Compras y Contrataciones en cada entidad del Estado; así como también, hay un Comité de Ética Gubernamental, debe haber un organismo que verifique y le dé seguimiento a esos bienes invertidos por el Gobierno., para garantizar que cumplen con los términos de referencias que sustentaron su contratación.
Los requisitos y especificaciones que exigen la implementación de normas para el control de la calidad, tienen varias funcionalidades. Para mantener un ambiente de control de calidad continuo, es necesario apoyarse en las Normas ISO, las cuales detallamos para su mejor interpretación, según el numeral asignado: La Norma 14001, se refiere al medio ambiente; la seguridad en la cadena de suministro, aplica la 28001; la auditoria de sistema de gestión, se refiere a la 19011; la Norma 27001, se encarga de la protección contra los riesgos tecnológicos; de la prevención de fraudes, se encarga la Norma 31000; la necesidad de protección contra el flagelo de la corrupción, se puede diluir con la Norma 37001; para garantizar que los procedimientos se han realizado conforme a las leyes y los reglamentos, existe la norma 37301, sobre gestión de cumplimiento.
Si el Estado y/o sus autoridades del momento, quiere eficientizar su gestión, solo debe instaurar de manera oficial, las Normas 28001, 31000, 27001, 37001 y 37301. Con esos instrumentos de control, la calidad de los productos y servicios gubernamentales, estarán garantizados, en favor de la ciudadanía.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
