Los estudiosos del crimen organizado se plantean como parte de sus investigaciones, la interrogante de que, cuáles serían las causas que inciden en el comportamiento individual o grupal, que determinan, si la corrupción tiene un efecto enraizado en el propio ser humano o, aparece como parte de una cultura desprovista de estímulos éticos y morales. No pretenden los investigadores, debido a conductas ilícitas, establecer un freno legal, mediante aplicaciones correccionales y penales, puesto que el corrupto, en lo menos que piensa, es que, no será descubierto, al dedicarse a actos reñidos por la ley.
En los actos de corrupción, es imposible encasillar el posicionamiento social; tampoco, es difícil argumentar que esa actitud obedece a una manifestación que surge de su combinación cromosómica o, de factores hereditarios. También, puede ser el resultado de influencias negativas de “amigos de ocasión”, el cual se potencializa una vez se obtiene un cargo público.
Tanto en el anterior gobierno como en el actual, la ciudadanía ha conocido varios casos de corrupción, cuyo volumen de millones de pesos, no tiene precedentes, igual, sucede con la cantidad de personas imputadas. Estos hechos, todavía acaparan la atención de los dominicanos, por la vinculación de los encartados con las funciones estatales.
De acuerdo a las informaciones procedentes del Ministerio Publico, cincuenta y dos personas fueron imputadas en los expedientes de corrupción. La contabilización de los fondos desviados, son calculados en la actualidad en unos 34 mil millones de pesos, después de descontar, dos entregas “voluntarias”: una de 27 millones y otra de cinco.
Como una característica peculiar de esos expedientes, el Ministerio Publico ha denominado cada caso con un nombre especial, tales como: “Operación Antipulpo”; “Caso Medusa”; “Coral y Coral 5G”; “Operación Caracol”; Operación Calamar”; “Operación 13”, “Operación Discovery”; “Caso FM”; “Solidaridad 3.0”.
En los expedientes acusatorios aparecen personas que ocuparon ministerios, administradores, jefes departamentales, militares de altos rango, asistentes, representantes del Ministerio Publico. También, hay personas del sector privado involucrados en esos casos de corrupción.
Los delitos cometidos aparecen en un listado amplio, elaborado por los miembros actuantes del Ministerio Publico, cuyas acciones, en cierto modo, están vinculados a los nombres especiales asignados por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Las imputaciones se establecieron por sobrevaluación de obras de ingeniería civil; compra y recompra de bienes inmuebles, propiedad del Estado Dominicano; elaboración de nóminas de personal ficticias, desvío de fondos hacia sectores no estatales, desvinculados de los objetivos gubernamentales; exigencia de coimas y sobornos en la construcción de proyectos oficiales;
manejos turbios en sorteos; robo de identidad, delitos electrónicos; falsificación de documentos, “maquillaje” de auditoría, para ocultar desfalcos; asociación de malhechores, etc.
Todos esos casos, muchos de ellos con nombres tomados de fauna marina, tienen dos, tres y cuatro años en los tribunales de República. Muchos de ellos involucra a personajes con fuertes vínculos en la política criolla, por lo tanto, es necesario recordarle a los miembros de justicia dominicana que, el pueblo dominicano, sin hacer estudios profundo, prepara, en su expectativa una trazabilidad de los acontecimientos y espera resultados que reivindique sus intereses económicos y sociales.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense