SANTO DOMINGO,RD.- Cuando se destapan eventos cuyos implicados estaban revestidos de autoridad o, se manifestaban bajo el influjo de una estructura dominante, como consecuencia de ocupar puestos relevantes en cualquier institución; esos individuos, al delinquir, entendían que, su mejor aliado era la impunidad.
Lo primero que un individuo o grupo de individuos destruye, al momento de iniciar acciones delictuosas, son los valores morales, al tomar la iniciativa de violar principios éticos, reñidos por las leyes. Hacer caso omiso a las disposiciones de las leyes 120-01 del Código de Ética y la 41-08 de Función Pública, por llevar a cabo de llevar a cabo actos corruptos, en contra del erario, no se considera una improvisación; resulta, llevar a cabo un esquema concebido y planificado.
La decisión de conspirar contra los bienes del Estado, para beneficio propio, es una determinación basada, en la posición relevante de los conspiradores dentro de la Administración Pública; desde luego, contando con su aliada principal, la impunidad.
No es posible que casos ventilados en la actualidad, en los tribunales dominicanos, debido a la envergadura de los hechos, no estuvieran al conocimiento de la pirámide completa, desde la cúspide hasta la base; mayor aun, cuando los valores contabilizados, en un solo caso, sobrepasan los cuarenta mil millones de pesos.
A los presidentes de la república, en ocasiones se reconocen como “administradores de la cosa pública”, ya que, constitucionalmente, son los responsables de la ejecución del Presupuesto General de la Nación. En este sentido, es conveniente saber, hasta donde llega la responsabilidad de un mandatario, cuando se conocen expedientes por manejos turbios de fondos, cuyas cifras representan un porcentaje considerable del producto interno bruto del país.
En los expedientes sobre corrupción administrativa que se ventilan en los tribunales, la ciudadanía comenta que los encartados, “no son todos los que están ni están todos los que son”. Las redes sociales, están llenas de comentarios, entrevistas y denuncias de personas emitiendo pronunciamientos al respecto.
Esas inquietudes, toman más notoriedad, al conocerse los acuerdos con determinados inculpados, con objeto de que podrían disminuir las penas o eliminar la vinculación con los hechos imputados, si se logran acuerdos para devolver una parte o toda, de las fortunas acumuladas en sus acciones corruptas.
Algunos profesionales del derecho y de otras áreas, como la económica y la financiera, consideran que esos acuerdos, en vez de aplicar justicia, justifica las actividades maliciosas de los imputados; puesto que, si alguien se roba diez y devuelve uno, lo están “premiando”.
En estos acuerdos judiciales, hay que tener cuidado, pues la falta de ética se puede convertir en inmoral y, si no hay moral, puede haber corrupción. Recordamos que, si hay corruptos, hay pecadores y, el pecado, se puede cometer: de pensamiento, palabras, obras y omisión. En estos casos judiciales, no podremos “tirar la primera piedra”, pues, muchos, saldrían golpeados.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense