SANTO DOMINGO, RD.- La sentencia 0788/24, emitida por el Tribunal Constitucional, que viabiliza la postulación de candidatos independientes a cargos de elección popular en las elecciones generales a celebrarse en mayo de 2028, ha generado urticaria en las cúpulas partidarias nacional.
Los principales partidos políticos del país, se han puesto de acuerdo para oponerse tajantemente a la aplicación de la sentencia evacuada por el TC, obviando que esa normativa es de cumplimiento obligatorio para todos los poderes del Estado y no puede ser recurrida ante ninguna otra instancia de justicia electoral.
La Junta Central Electoral, tiene la responsabilidad legal de reglamentar, organizar y montar las próximas elecciones presidenciales, congresuales y municipales pautadas para mayo 2028, de conformidad con la constitución de la república y las normativas electorales vigentes, incluyendo la referida sentencia del Tribunal Constitucional.
El argumento de que esa sentencia busca quitar el monopolio que tienen los partidos políticos para postular los candidatos a cargos de votación popular, en los distintos niveles de elección; y que además, abriría las puertas al narcotráfico es una cantinflada, pues, los partidos seguirán eligiendo a sus candidatos y el narcotráfico, no tiene que entrar porque hace rato que está adentro tomándose un cafecito.
El sistema de partidos políticos dominicanos, debería asumir el espíritu democrático de esa sentencia y corregir las malas prácticas que han contribuido al deterioro de su imagen y a la perdida de su credibilidad social.
Todo parece indicar que la competencia electoral del 2028, se producirá entre los candidatos postulados por sectores sociales organizados o independientes y los candidatos elegidos por los partidos políticos de conformidad con sus normas estatutarias y las leyes electorales del país.
Que Dios bendiga a la República Dominicana.
Feliz Navidad y prospero año nuevo.
Por Freddy Roa
