NUEVA YORK.- En el contexto político y social actual, la llamada «Ley Mordaza» ha despertado intensos debates en la sociedad dominicana. Este término se refiere a un conjunto de legislaciones que buscan restringir la libertad de expresión y limitar el derecho a la protesta, bajo la justificación de la seguridad nacional y el orden público. Sin embargo, es importante analizar el trasfondo de estas leyes y quiénes son los principales actores detrás de su implementación.
Recientemente, varios legisladores, empresarios y miembros del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) han manifestado su interés en aplicar esta ley. Sin embargo, lo que resulta paradójico es que cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estaba en el poder, muchos de estos mismos actores criticaban su intento de implementar normas similares. Esto plantea preguntas sobre la coherencia y la ética en el ámbito político.
El término «razón de Estado» se utiliza a menudo para justificar acciones que, de otro modo, serían consideradas abusivas o represivas. La idea es que, en nombre de la estabilidad del Estado y el bienestar general, se pueden sacrificar ciertas libertades individuales. Sin embargo, esta justificación ha sido históricamente empleada por regímenes autoritarios para silenciar la disidencia y mantener el control sobre la población.
La oposición a la Ley Mordaza ha crecido, con voces que advierten sobre los riesgos de restringir la libertad de expresión. La sociedad civil, junto a diversas organizaciones de derechos humanos, ha señalado que la defensa de la libertad de prensa y el derecho a protestar son pilares fundamentales de una democracia saludable. La historia nos ha enseñado que cuando se permite la censura, se corre el riesgo de perder no solo la voz de la oposición, sino también la capacidad de los ciudadanos para cuestionar y exigir rendición de cuentas a sus gobernantes.
La implementación de la Ley Mordaza por parte del PRM, tras haber criticado previamente al PLD por sus intentos de establecer medidas similares, refleja una falta de compromiso con los principios democráticos y una posible traición a los ideales que muchos de sus seguidores creyeron respaldar. La política, en este sentido, se convierte en un juego de intereses donde la razón de Estado se utiliza para justificar acciones que atentan contra la libertad y los derechos humanos.
La Ley Mordaza y su posible aplicación por parte del PRM son un llamado a la reflexión sobre el estado de la democracia en la República Dominicana. Es esencial que los ciudadanos se mantengan vigilantes y activos en la defensa de sus derechos y libertades. La historia nos ha mostrado que la protección de la libertad de expresión y el derecho a la protesta son esenciales para el desarrollo de una sociedad justa y equitativa. La razón de Estado no debe ser un pretexto para silenciar voces, sino una oportunidad para construir un diálogo abierto y transparente en el marco del respeto y la tolerancia.
La ley está ahí,él Dr. Jorge A. Subero Isa,ex presidente de la Suprema Corte de Justicia,dijo: “Prefiero el desbordamiento de las mentiras que se dicen por las redes sociales a que se restrinja la verdad. La ley nos protege contra la difamación y la injuria. Señores,los tiempos han cambiado y todos estamos más expuestos que antes.”cierro la cita.
Por Nelson Rojas