La sociedad dominicana está decidida a luchar por su país. Parte de la intelectualidad, empresarios de poder en el este, así como funcionarios civiles y militares, que por largo tiempo estuvieron cobijados en organismos internacionales, tienen a la mayor parte de la sociedad en contra.
La invasión a la parte este de la República Dominicana, a pocas millas de Puerto Rico, es una amenaza al gobierno de Donald Trump y una afrenta a su política. La política nacionalista del presidente de los Estados Unidos ha sido recibida por la mayoría de activistas y políticos del flanco nacionalista. La política dominicana de fronteras abiertas es de preocupar a dominicanos, boricuas y al Gobierno nacionalista de los Estados Unidos.
No solo ingresan por nuestra frontera haitianos ilegales, sino, cubanos y árabes. Se hace fácil penetrar terroristas desde el Líbano y Pakistán, así como criminales desde Cuba. Las bandas dirigidas por el guerrillero narcoterrorista de «Barbecue» se pueden pasear por nuestro país y tal vez sean aceptadas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con políticas inclusivas abiertas.
La doctrina de las fuerzas armadas debe ser conservadora. El mando que incurre en violaciones, adoptando acuerdos u ordenando la ejecución de actos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Constitución, defensa nacional y contra los ciudadanos dominicanos, deben ser llevados a juicio.
Una señal de alerta debe encenderse en la Casa Blanca de Donald Trump con funcionarios y empresarios que están ocasionando un éxodo y una política basada en las directrices del pasado gobierno norteamericano y se niegan a una nueva política migratoria. Lo que hace Trump con esmero es saboteado por empresarios, políticos y militares corruptos.
La identidad dominicana sigue tambaleándose ante el impactante éxodo de ilegales acordando épocas de la esclavitud. El Partido Republicano sigue apoyando firmemente el orden migratorio, pero nuestro país no es inmune a sectores que ponen sus beneficios personales por encima del bien colectivo nacional y de los Estados Unidos.
Esta migración desenfrenada de delincuentes, ya que cárceles completas de antisociales y terroristas haitianos han sido liberados y migrados, no solo hacia la patria de Duarte, Santana y Luperón, sino a la de Washington. Estas son políticas potencialmente dañinas hacia nuestro país, que directamente pueden ser atribuibles a la estrategia de la Agenda 2030.
La nueva embajadora de los Estados Unidos debe tomar medidas y sanciones administrativas contra aquellos que han vuelto al desorden una política de Estado. A nuestro país se les está absorbiendo los recursos naturales, nuestros empleos, nuestra riqueza, muchas cosas que nos han estado quitando durante años.
La familia Rainieri tiene el poder de organizar migratoriamente el este y no lo hacen. Mientras, nuestros congresistas, aprueban colocar el nombre de Frank Rainieri Bulevar del Este. Nuestro presidente puede frenar la migración e inmigración mediante restricciones en los empleos de los haitianos ilegales y los Rainieri sobre contratarlos.
Mientras ya los dominicanos del norte, sur y este se preparan para la marcha, las grandes familias de empresarios hoteleros no comentan sobre Friusa, mucho menos, sus súbditos del Gobierno. La República Dominicana está decidida, como en el pasado manifestó Manolo Tavarez Justo: «si imposibilitan la lucha pacifica… No nos quedará, entonces, otra alternativa, que la de ¡Libertad o la Muerte!…».
Por Dayvi López Vargas
