NUEVA YORK.- A iniciativa de Luis Abinader se produjo una reunión entre él, como jefe de gobierno, y los ex presidentes dominicanos Leonel Fernandez, Hipolito Mejia y Danilo Medina. Se presentó como razón la migración haitiana, tema predominante en el debate político nacional.
El viejo proceso migratorio haitiano a territorio nacional, tan viejo como el dominicano hacia Estados Unidos, se incrementó a partir del fin del extendido régimen dictatorial de los Duvalier. El derrumbe y fin de la dictadura ocurrió en el año 1986, mientras el pais estaba administrado por Jean-Claude Duvalier, hijo y heredero político del viejo dictador Papá Doc. La vieja dictadura fue sustituida por un régimen militar.
Desde entonces, Haití ha vivido una inestabilidad política estructural que ha llevado a analistas a catalogarlo como un estado fallido. Entre asonadas militares, ocupaciones extranjeras y proceso electorales unos 14 gobiernos, mayormente ilegítimos, se han sucedido en el poder, con la agravante que en la actualidad predomina una especie de doble poder entre un gobierno formal provisional y otro liderado por grupos armados denominados bandas que controlan extensos territorios del pais, incluyendo áreas periféricas a Puerto Príncipe, capital de la república, y Artibonite, importante zona agrícola.
La cumbre dominicana, con el propósito señalado, congregó precisamente a quienes han dirigido los destinos de nuestro pais, República Dominicana, en las últimas 3 décadas, período durante el cual se ha agudizado el “problema haitiano” y empeorado la relación entre ambos países.
Cabe indicar, además, que en ese periodo histórico ha resultado mas ostensible el entramado mafioso y corrupto articulado entre políticos, empresarios y militares de ambos paises del que obtienen beneficios económicos millonarios. En esto desempeña un rol primario la emigración y explotación de la mano de obra haitiana, muestra de la tragedia social que en sentido general continua viviendo ese pueblo hermano.
Lo indicado lleva a cuestionar las intenciones reales de los tertulianos mencionados, mas cuando se puede decir con propiedad que ellos son parte del problema y no de su solución.
El utilitarismo político, pensado en preferencia electoral de cara al 2028, da sentido a esta fiesta aporofobia y xenófoba conducida por el Cuarteto los Presidentes.
Su declaración de compartir una “política oficial hacia Haití” no oculta su fobia antihaitiana ni la competencia por quien resulta mas extremista y afín con la política trazada por la administración de Donald Trump, que criminaliza a millones de inmigrantes irregulares provenientes de países subdesarrollados. Migrantes, que cuanto buscan a través de tan desgarrador proceso de movilidad social, son derechos y oportunidades básicas negadas en sus países de origen, países, por demas, saqueados y expoliados por las grandes potencias.
La “política oficial” que comparten y promueven es la que le da categoría de ley a las arbitrarias redadas, detenciones y deportaciones de inmigrantes con estatus irregular, violatoria de derechos humanos básicos como el debido proceso, atencion medica, practica de creencias religiosas y valores culturales.
Esta “política oficial” nutre la creciente oleada de odio y violencia que arropa el territorio nacional dominicano y que tiene entre sus consecuencias muertes, golpizas, detenciones y expulsiones arbitrarias de trabajadores, mujeres embarazadas y niñas y niños cuyo único delito es ser negros, pobres y haitianos; es ser diferente desde la condición racial.
Incluso, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), organización descentralizada del Estado, admitió que mas de 1,000 niños y niñas haitianos “NO ACOMPAÑADOS” fueron deportados en los primeros 3 meses del 2025, cantidad que al día de hoy se multiplicaría si se incluyeran a los niños y niñas ACOMPAÑADOS dado que las deportaciones abarcan a miles de familias, llegando al extremo de detener y deportar a 900 mujeres embarazadas y/o lactantes.
De hecho, según cifras reportadas por el propio gobierno el número de deportados supera los 420 mil al sumar los del pasado año 2024 y los más de 137 mil del presente 2025.
Esta mancha indeleble que como maldición acompañará a Abinader y su gobierno no es propia de la nobleza y el espíritu de solidaridad que históricamente ha distinguido al pueblo dominicano.
Al liderazgo político dominicano asumir esta visión sobre el tema migratorio, visión propia de la extrema derecha mundial, incluido su versión fascista, resulta obvio que nada harán en apoyo a las comunidades dominicanas en ultramar bajo el fuego racial y xenofobia sobre todo en Estados Unidos.
En otra palabra, al igual que las clases dominantes de EE.UU., la clase política dominicana rechaza, ataca y persigue migrantes pobres, como nosotros, porque nos asumen como un peligro existencial para sus países y porque supuestamente “respondemos” a una “agenda conspiranoica” que busca suplantar a la mayoría racialmente blanca o que se asume como tal.
Por convicción y proceder práctico han adoptado la posición aporofobia que nos rechaza por ser migrantes pobres y desfavorecidos y por provenir de naciones “inferiores” y países catalogados por Donald Trump como “letrinas”, mientras abren y entregan el pais a otro tipo de emigrantes que por raza y condición económica asumen pueden serles útiles.
A lo dicho, se agrega el serio incremento de acciones y el discurso de odio promovido por grupos organizados con caracteristicas de paramilitares y por generadores de opinión pública en contra de los inmigrados. Este illegal proceder también va en perjuicio de entidades y personas defensoras de los derechos humanos y de la libertad de expresión, derechos propios de cualquier sociedad mínimamente democrática.
Es por razones como estas que ni el presidente Abinader y los expresidentes Fernández, Mejía y Medina ni con en el pensamiento condenan la deportación de centenares de emigrados dominicanos desde EE.UU. y Puerto Rico, la mayoría de los cuales han sido apresados por agentes de inmigración en sus lugares de residencia y de trabajo.
Sólo como ejemplo, veamos el caso de los 53 dominicanos, entre estos 7 mujeres, recientemente detenidos/as en Puerto Rico mientras trabajaban construcción en La Concha Renaissance San Juan Resort, en el Distrito turístico del Condado.
Sometido a presión y sin debida orientación legal, porque ni para eso sirven nuestros representantes consulares, la mayoría de los indocumentados detenidos aceptaron la deportación bajo la ilusa creencia de no quedar registrados con antecedentes penales y así poder regresar en el futuro a Puerto Rico.
El estado de indefexion en que nuestros gobernantes mantienen al dominicano en ultramar no variara ya que para el presidente Abinader la cacería y criminalización de los inmigrantes es “natural” y hay que respetar.
Para los dominicanos y dominicanas emigrados seria inmoral reclamar respeto a nuestra propia dignidad y derechos humanos y mantenernos en silencio con lo que ocurre en nuestro pais.
En tal sentido, debemos y tenemos que reclamar aqui, alla y aculla regularizar el estatus migratorio de quienes califiquen y que se respeten, tal y como señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual República Dominicana es pais signatario, derechos fundamentales como la vida, la Libertad, igualdad ante la ley y proteccion contra la discriminación.
Pretender parar el proceso migratorio que propulsa el injusto sistema economico prevalente el mundo cazando migrantes, es como buscar apagar la luz solar “sacandose los ojos”.
Por Luis M. Rodriguez