El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha presentado una demanda contra la ciudad de Nueva York, desafiando sus políticas migratorias. La demanda se centra en las llamadas «leyes de ciudad santuario», que limitan la colaboración entre la policía local y las autoridades migratorias.
Acusaciones del Gobierno
- El Gobierno acusa a las autoridades de Nueva York de «obstruir» la aplicación de la ley federal. En el documento judicial, los abogados del Gobierno señalan:
- La ciudad ha estado «a la vanguardia en interferir» con las leyes de inmigración.
- Sus esfuerzos por obstaculizar la aplicación de la ley migratoria federal se han intensificado.
Contexto de la Demanda
Esta acción se inscribe en una serie de demandas similares contra ciudades lideradas por demócratas, incluyendo Los Ángeles, Colorado, Illinois, Nueva Jersey y el propio estado de Nueva York. El Departamento de Justicia argumenta que las políticas de santuario «dificultan» el trabajo de los agentes de migración y generan problemas de seguridad pública.
Políticas de Ciudad Santuario
Las políticas de ciudad santuario han sido promovidas por diversas alcaldías desde 1989, y fueron ampliadas en 2014 por el entonces alcalde Bill de Blasio. Estas políticas limitan la comunicación entre agentes migratorios y las cárceles locales, y cerraron una oficina de ICE en la prisión de Rikers.
Los defensores de estas normativas argumentan que son esenciales para la seguridad de las comunidades, ya que permiten a los migrantes reportar delitos sin temor a la deportación. Según datos de la New York Immigration Coalition, en los condados con políticas de santuario se cometen, en promedio, 35.5 delitos menos por cada 10,000 personas en comparación con aquellos sin estas políticas.
Nueva Orden Ejecutiva sobre Personas sin Hogar
Además, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los estados y ciudades remover a personas sin hogar de las calles y enviarlas a centros de tratamiento, incluso sin su consentimiento. Esta medida es parte de un nuevo enfoque para abordar el problema de la falta de vivienda, centrado en la «protección de la seguridad» pública.