Santo Domingo, RD.- La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción Inc., (COPYMECON), expresó que desde septiembre del 2020 a junio del presente año, el Gobierno ha destinado alrededor de RD$350,000.0 millones sin que este sector exhibiera ninguna mejoría en sus indicadores financieros y menos en reducir pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad (EDE).
Si vemos los montos destinados durante diferentes periodos desde el año 2020, nos daremos cuenta que la razón para declarar estado de emergencia no se corresponde con la realidad, lo que detallamos a continuación: RD$9,230.7 millones corresponden al periodo agosto-diciembre del 2020, RD$38,109 millones al año 2021, RD$79,529.4 millones al 2022, RD$75,283.2 millones al 2023, RD$100,700.1 millones a 2024 y RD$42,003.1 en el primer semestre de este año, lo que deja bien clara nuestra preocupación ante el anuncio del presidente Luis Abinader.
“El Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción, establece la ocasión en que se puede aplicar la contratación por emergencia nacional, para resolver un problema real, evidente y concreto, que realmente exista y afecte al Estado y al interés general. Por tanto, la adquisición del bien o la contratación del servicio u obra debe estar limitada a lo estrictamente necesario para prevenir desastres mayores, exclusivamente necesario a consecuencia del hecho que causa la emergencia” expresaron ejecutivos de COPYMECON.
Señalaron que los tediosos apagones afectan a todos los sectores productivos de la nación y lo peor la salud de todos, provocando momentos amargos y hasta pérdidas de vidas a consecuencia de los mismos, por lo que piden al presidente de la República designar funcionarios competentes en ese importante sector, que tiene en vilo a la población y retranca el desarrollo de los sectores productivos.
Enfatizaron, que si bien reconocen la urgencia de buscar soluciones a la crisis energética, también advierten, que si no se realizan procesos transparentes, creíbles y acorde con la Ley de Compras y Contrataciones, esto puede socavar y agravar los principios de transparencia y equidad, favoreciendo prácticas excluyentes y seguir enriqueciendo a otros sectores.
“El sector eléctrico ha sido históricamente objeto de cuestionamientos por parte de la población y organismos de control y medios de comunicación, debido a las tantas irregularidades en compras y contrataciones, por lo que, ese historial resulta aún más preocupante para que se establezcan mecanismos de excepción que reduzcan los controles, abriendo espacio a privilegios indebidos, sobrevaluaciones y adjudicaciones sin competencia real”, agregaron los pequeños constructores.
Aseguraron, que el problema del sector eléctrico es el resultado de la falta de planificación, de una real voluntad política del Estado y la improvisación del gobierno, que además, ha motivado gastos desproporcionados para el sostenimiento de un barril sin fondo, que sin contar los gastos de gobiernos anteriores, ya se han gastado más de RD$500,000 millones en un sector que cada día está más oscuro. Con pérdidas acumuladas por las EDE de más 40.4% del total de la energía comprada, que fue de 6,126.2 gigavatios hora (GWh), de la cual no facturaron 2,252 GWh, para una pérdidas del 36.8% del total adquirido y un 3.6% facturada y no cobrada.