NUEVA YORK.- Desde fuera del país, la diáspora dominicana sigue con atención y preocupación el rumbo del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader, que llegó al poder con la promesa de un cambio profundo en la forma de gobernar y una lucha frontal contra la corrupción.
A casi cinco años de gestión, esa promesa se ve seriamente cuestionada por los múltiples casos y denuncias que han salido a la luz.
Uno de los episodios más alarmantes es el que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), institución encargada de garantizar servicios médicos a millones de dominicanos, especialmente a los sectores más vulnerables. Las investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras han generado indignación tanto dentro como fuera del país, al tratarse de fondos públicos destinados a la salud del pueblo.
A este caso se suman denuncias sobre compras irregulares, contratos inflados, uso indebido de recursos públicos y prácticas de nepotismo en distintas dependencias del Estado.
Aunque el gobierno insiste en la independencia del Ministerio Público, amplios sectores consideran que permitir investigaciones no exime al Poder Ejecutivo de su responsabilidad política, que implica prevenir la corrupción, sancionar de manera oportuna y rendir cuentas claras a la ciudadanía.
Para la diáspora, la corrupción no es un tema abstracto. Es una de las razones que empujó a muchos dominicanos a emigrar en busca de oportunidades que el Estado no supo garantizar. Mientras millones de compatriotas en el exterior sostienen al país con su trabajo y remesas, resulta inaceptable que los recursos públicos sigan siendo mal administrados o presuntamente saqueados.
Desde la diáspora se levanta una voz clara: la promesa de cambio no puede quedarse en el discurso. El país necesita transparencia real, consecuencias políticas y un compromiso auténtico con la ética pública. La lucha contra la corrupción debe ser una realidad, no una consigna.
Por Mónica Zapata
