PENSYLVANIA.- El panorama político dominicano en 2026 está marcado por una profunda desconfianza hacia el gobierno del presidente Luis Abinader, a pesar de la narrativa oficial de “Justicia Independiente” y fortalecimiento institucional.
Sectores de la oposición y de la sociedad civil consideran que la lucha contra la corrupción ha sido selectiva, enfocándose en exfuncionarios de gestiones pasadas, mientras se protege a actores del actual gobierno señalados por irregularidades patrimoniales o por el manejo de fondos públicos.
Uno de los ejes más sensibles del debate es la presunta infiltración del narcotráfico en la política, evidenciada por casos como la Operación Falcón y la condena en Estados Unidos del exdiputado Miguel Gutiérrez. Aunque el oficialismo sostiene que ha permitido que la justicia actúe incluso contra miembros de su propio partido, críticos aseguran que el financiamiento de las campañas electorales no ha sido totalmente transparentado, lo que alimenta sospechas de una convivencia estructural con sectores criminales.
El rol del periodismo y de la sociedad civil también se ha convertido en un foco de polarización. La periodista Nuria Piera enfrenta campañas de descrédito por sus investigaciones, mientras que la organización Participación Ciudadana es cuestionada por presunta cercanía con el gobierno, debido a que antiguos miembros han asumido cargos públicos. Ambas figuras, sin embargo, defienden su independencia y continúan siendo referentes en los procesos de fiscalización institucional.
A nivel interno, el gobierno enfrenta críticas por el llamado “Gobierno de Popis”, una percepción de que la administración está dominada por una élite económica desconectada de la base social del PRM. Dirigentes históricos, como Ramón Alburquerque, han denunciado exclusión y fracturas dentro del partido, generando tensiones entre la “vieja guardia” y el círculo cercano al presidente.
Otro foco de controversia es la adjudicación de obras públicas, donde se cuestiona la transparencia de licitaciones y fideicomisos, así como la presunta cercanía entre grandes contratistas y el entorno presidencial. A esto se suman conflictos en instituciones clave, como Salud Pública y Senasa, y denuncias de “justicia selectiva” frente a irregularidades en organismos como el INTRANT o el Ministerio de la Juventud.
Finalmente, este contexto refleja una sociedad dominicana más crítica y vigilante, donde la promesa del “cambio” ha dado paso a una exigencia constante de rendición de cuentas. Entre el crecimiento económico que exhibe el gobierno y las dudas sobre la imparcialidad institucional, el país enfrenta el reto de demostrar que la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento democrático van más allá del discurso.
Por Víctor Pérez Balbuena