Advierten violaciones al debido proceso, ausencia de informes técnicos y falta de debate en el Concejo de Regidores
Un nuevo escándalo sacude a la alcaldía de Santo Domingo Este, ahora con la aprobación del uso de suelo para la construcción de un cementerio privado lo que ha generado fuertes controversias en la zona.
De acuerdo a una nota enviada a este medio, luego que el Concejo de Regidores adoptara la decisión en medio de un procedimiento calificado como irregular y apresurado que habría ignorado requisitos técnicos y administrativos fundamentales, la sala capitular aprobó la obra en donde la misma se le adjudica a empresarios venezolanos, en perjuicio de una compañía dominicana.
De acuerdo a la abogada Anyelina Olivo, la resolución para la construcción del citado campo santo, fue aprobada durante una sesión del Concejo, incluyó además una enmienda, propuesta por el regidor Luis Flores, que impediría la construcción de otro cementerio en el municipio durante los próximos cinco años, una disposición cuestionable por su impacto sobre el principio de libre competencia.
Asimismo, la abogada Olivo afirmó que en el expediente no consta la certificación de uso de suelo emitida por la Dirección de Planeamiento Urbano, instancia que debe evaluar previamente la viabilidad territorial del proyecto antes de que el Concejo de Regidores pueda tomar una decisión.
Regidores sin derecho a intervenir
Durante la sesión, varios regidores solicitaron la palabra para intervenir en el debate; sin embargo, no se les concedió el turno antes de proceder a la votación. La regidora Aileen Decamps lo calificó como una limitación al proceso deliberativo que debe regir las decisiones del órgano municipal.
La justista Olivo advirtió que este tipo de actuaciones vulnerar principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración Pública, que exige legalidad, transparencia, coherencia procesal y equidad en las actuaciones del Estado.
Presidente del Concejo evita a la prensa
Tras la aprobación de la resolución, el presidente de la Sala Capitular, Miguel Fortuna, rehusó ofrecer declaraciones a los medios de comunicación y abandonó rápidamente el edificio del ayuntamiento sin responder preguntas sobre el proceso mediante el cual fue aprobada dicha iniciativa.
POR RAFAEL SANTOS
