La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus efectos económicos, en el ámbito mundial,constituye un choque externo, que exonera de culpa a las autoridades dominicanas. El costo del petróleo, por ejemplo, aparece presupuestado a 65 dólares el barril para el presente año 2026, pero su precio supera los cien dólares, lo que obliga a la búsqueda de alternativas que contribuyan a mitigar repercusiones negativas para la economía dominicana.
Esa situación motivó a que el jefe de Estado se dirija a la nación recientemente, pero en su alocución habló de sacrificios para la población, sin diseñar un plan rígido de austeridad gubernamental y generación de más recursos económicos, que se podrían obtener cobrando el impuesto sobre la renta a un amplio segmento del empresariado que evade contribuir, un aspecto denunciado con estadísticas por reputados economistas.
En lo inmediato los carburantes vienen subiendo. Alza de los combustibles significa subida del transporte y de la energía eléctrica como efecto siguiente, pero en cadena continúa un proceso inflacionario de todos los bienes y servicios, los cuales recaen con dureza sobre los dominicanos menos pudientes, porque las empresas terminan transfiriendo todo al consumidor final, que es el pueblo.
Un presidente consciente y que le duela su pueblo, el mismo pueblo que lo llevó a la posición que ostenta, no estrangula a la gente llana, cortando la soga por el lado flaco, que es lo que ha empezado a hacerse.
El ejemplo empieza por casa. En ese discurso Abinader tenía que anunciar la cancelación de la publicidad gubernamental y destinar esos recursos al subsidio de los carburantes. También reducir a una cuarta parte el personal del servicio diplomático, que se ha demostrado que funcionaría eficazmente con un número mucho menor, al tiempo que procede disponer reducción de sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminando, concomitantemente, todos los beneficios colaterales, lo que generaría un significativo ahorro económico, que puede destinarse a contrarrestar el alza del petróleo.
Llora ante la presencia de Dios hablar de más sacrificios para la población, mientras la gente observa a funcionarios que devengan sueldos de un millón y hasta dos millones de pesos dominicanos, aparte del disfrute de privilegios adicionales que resultan irritantes. Si el jefe de Estado hubiera impuesto un férreo plan de austeridad gubernamental hoy contaría con moral de sobra y la solidaridad de los dominicanos de a pie no se hubiera hecho esperar, pero insiste en su reiterativo propósito clasista al desmontar el subsidio a los combustibles a la población y mantenerlo a la Barrick Gold, a los hoteles de Punta Cana, San Felipe y a todas las empresas de zonas francas. Un abuso.
Recuerdo que el doctor Peña Gómez decía que a los poderosos les corresponde pagar el precio de la democracia. Abinader, que nunca votó por Peña Gómez, erróneamente piensa que la estabilidad política que vivimos tienen que pagarla los menos pudientes, cuando son los que menos tienen que perder y podrían, con justa razón, apelar a la protesta.
Juan Bosch, con un pensamiento basado en la lógica, expresaba que una crisis económica lleva a una crisis social y esta última a su vez a una crisis política. Aquí no se descarta nada.
Ser buen gobernante es saber manejar momentos de crisis. La economía es la ciencia de los recursos escasos. Nuestro presidente, lamentablemente, nunca ha hecho un uso equitativo de los recursos públicos y solo en su cabeza está la abundancia y las grandes riquezas de la República Dominicana,como se observó en su delirante discurso del 27 de febrero ante la Asamblea Nacional.
Esa sensación de riqueza es que lo lleva a la práctica del derroche, el despilfarro y la francachela, concediendo alegremente, mediante decretos, pensiones de cientos de miles de pesos a miembros de familias adineradas, que no necesitan, que nunca ofrecieron el menor servicio al Estado dominicano. Oportuno es el momento para dejar sin efecto esos decretos.
Y él resalta como logro de su gobierno un despropósito similar.
Mientras se dan esos privilegios escandalosos con gente de apellido sonoro y sin necesidad económica alguna, conozco a maestros y maestras que tuvieron que “guayar la yuca” durante 30 años para recibir una pensión de 18 mil pesos. Hay antiguos maestros jubilados, inclusive, que ganan menos.
Entre las múltiples valoraciones que se hacen del discurso de Abinader, en torno al panorama económico mundial y el aumento de los precios del petróleo, donde pretende hacer recaer más sacrificios a la población, el autor de este artículo expresa su desaprobación total.
Por Danilo Cruz Pichardo
