SANTO DOMINGO, RD.- El 30 de mayo de 1961 fue ajusticiado, por un grupo de valientes dominicanos, Rafael Leónidas Trujillo Molina, dando término a una sangrienta dictadura que, conforme a datos formales del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, acabó con la vida de unos 50 mil dominicanos por razones políticas. La cifra no deja de ser conservadora, pues se estima que otros tantos miles fueron secuestrados por el SIM y arrojados al mar, enterrados en fosas clandestinas o muertos mediante tortura, que nunca fueron identificados formalmente.
Apenas un mes después del fin de la dictadura, específicamente el 5 de julio de 1961, llega al país la “avanzada del PRD”, formada por Nicolás Silfa, Ángel Miolán y Ramón Castillo, con el fin de organizar a esa entidad política e instaurar un régimen democrático en la República, caracterizado por respeto a los derechos humanos, pluralismo ideológico, libertad de expresión, prensa, asociación y reunión, así como elecciones libres.
El día 20 de octubre de ese año regresó al país el profesor Juan Bosch, líder del partido blanco y quien encabezó su boleta, como candidato presidencial, en los comicios del 20 de diciembre de 1962, los cuales ganó con un astronómico 60%.
Bosch tomó posesión el 27 de febrero de 1963. Y procedió de inmediato a la creación de una nueva Constitución de la República, considerada la más progresista y democrática de la historia, al acabar con el autoritarismo, establecer un Estado social, prohibir el latifundio, garantizar derechos laborales y libertades públicas sin precedentes. Sin embargo, siete meses después ese experimento democrático fue interrumpido. De todas maneras, fue el PRD que introdujo la democracia en nuestro país, tal y como fue concebida originalmente en la antigua Grecia: voto popular, separación de poderes y Estado de Derecho.
Esos principios volvieron a llevarse a la práctica a raíz del nuevo ascenso al poder del PRD, el 16 de agosto de 1978, después que don Antonio Guzmán triunfó por amplio margen en la contienda electoral de mayo de ese año. A menos de un mes de asumir el poder, todos los presos políticos fueron liberados y se permitió la entrada de los exiliados a través de la Ley de Amnistía. Y las leyes que prohibían la práctica del comunismo fueron derogadas, ofertándose plenas libertades para el ejercicio de la actividad política, sin importar orientación ideológica, la prensa, los sindicatos y demás agrupaciones.
Este 5 de julio el PRD tiene una asamblea de dirigentes de los municipios del Gran Santo Domingo, la cual se llevaría a cabo en su Casa Nacional. Es simultáneamente una actividad conmemorativa de la llegada al país de la comisión que, bajo el mandato del profesor Juan Bosch, introducía la democracia después del fin de la dictadura trujillista.
El PRD, tanto bajo el liderazgo de Bosch como de Peña Gómez, ha abogado históricamente por los principios de la plena democracia. Lamentablemente, a 65 años del establecimiento de ese sistema político, el presidente Luis Abinaderamenaza seriamente con sepultar esa forma de gobierno. En 2024 el Tribunal Constitucional tuvo que anular la Ley 1-24, de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque violentaba derechos constitucionales, como son los datos privados de las personas.
El error se enmendó con la Ley 1-26, que limita al DNI a investigar y recabar informaciones estratégicas para proteger al Estado dominicano. Se requiere obligatoriamente orden judicial para penetrar la privacidad de la gente. De todos modos, Abinader enseñó el refajo con su arbitraria intención. Ahora, nuevamente, hay preocupación en diversos sectores de la vida nacional con la entrada en vigencia de la Ley 74-25, Código Penal, a partir del 3 de agosto, que violenta derechos fundamentales, empezando por el Art. 49 de la Constitución de la República, que trata sobre la libertad de expresión e información.
El derecho a expresión e información es un pilar fundamental. Está, inclusive, consagrado en el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que textualmente “…garantiza a toda persona la facultad de investigar, recibir y difundir ideas y datos sin fronteras ni censura previa.”
Abinader, con su sonrisa cínica, pretende sepultar una democracia que costó lágrimas, dolor y sangre, con las limitaciones comunicacionales, al establecer por ley hasta 10 años de prisión por el delito de difamación, en una época de redes sociales, que han revolucionado la información, al democratizar su acceso sin importar distancias geográficas.
Por Danilo Cruz Pichardo