SANTO DOMINGO.– El caso por el presunto desfalco millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) tendrá nuevos meses de investigación luego de que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concediera al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para completar sus pesquisas y preparar la acusación.
La decisión fue adoptada por el juez Deiby Timoteo Peguero, quien estableció el 11 de diciembre como nueva fecha límite para que el órgano acusador concluya las diligencias pendientes. La Fiscalía sostiene que todavía existen numerosas líneas de investigación que deben ser agotadas antes de determinar el alcance definitivo del expediente.
Uno de los principales argumentos presentados durante la audiencia fue el volumen de información que debe ser procesado. El Ministerio Público explicó que ha tenido que localizar y examinar alrededor de 15 mil cajas de documentos, además de revisar cientos de miles de operaciones y documentación relacionada con las personas investigadas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, dejó abierta la posibilidad de que el expediente pueda alcanzar a otras personas, al señalar que las investigaciones continúan y que será al momento de presentar la acusación cuando se conocerá su dimensión final.
El tribunal también decidió mantener la prisión preventiva para varios de los imputados, entre ellos el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, y otros procesados vinculados a la denominada Operación Cobra. En tanto, otros involucrados permanecen bajo distintas medidas de coerción, incluyendo arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida.
El Ministerio Público atribuye a los investigados una serie de delitos que incluyen desfalco, estafa contra el Estado, asociación de malhechores, soborno, falsificación, lavado de activos y prevaricación, entre otras imputaciones. Según la acusación, el supuesto esquema habría generado pérdidas de miles de millones de pesos al patrimonio público.
Con la nueva prórroga, el caso SeNaSa entra en una etapa decisiva: la Fiscalía tendrá hasta diciembre para profundizar las pesquisas, organizar las evidencias y definir quiénes finalmente serán incluidos en la acusación formal.