MIAMI.– El caso del asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse sumó un nuevo capítulo judicial en Estados Unidos, luego de que un jurado federal declarara culpable al pastor Christian Emmanuel Sanon por su participación en la conspiración que buscaba derrocar al mandatario, asesinado en su residencia el 7 de julio de 2021.
La decisión fue adoptada tras un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami. Sanon, quien posee ciudadanía haitiana y estadounidense, fue encontrado culpable de varios delitos, entre ellos conspiración para asesinar a Moïse y participar en un plan para secuestrar o matar a una persona fuera del territorio estadounidense. Por los cargos que enfrenta, podría recibir una condena de cadena perpetua.
Durante el proceso, los fiscales sostuvieron que el sur de Florida sirvió como centro de operaciones para organizar y financiar el complot. Según la acusación, Sanon participó en la recaudación de recursos, coordinó viajes y alojamiento en Haití y llegó a ser considerado por los conspiradores como una posible figura para sustituir a Moïse en la presidencia.
Sin embargo, el religioso rechazó conocer cualquier plan para asesinar al mandatario. Aunque reconoció haber mantenido comunicación con personas interesadas en impulsar un cambio de gobierno en Haití, aseguró que los organizadores ya contemplaban a otro candidato antes de que ocurriera el magnicidio.
Sanon, nacido en Haití y trasladado a Estados Unidos durante su adolescencia, había desarrollado actividades religiosas en comunidades de inmigrantes haitianos. Durante la lectura del veredicto permaneció sin mostrar una reacción visible ante la decisión del jurado.
El asesinato de Jovenel Moïse continúa siendo uno de los episodios más graves de la crisis política haitiana. El mandatario fue ultimado por un comando integrado mayoritariamente por exmilitares colombianos, durante un ataque nocturno en su residencia, en el que también resultó herida su esposa.
Cinco años después del magnicidio, Haití sigue enfrentando una profunda inestabilidad institucional, problemas de seguridad y dificultades para recuperar el funcionamiento democrático. Mientras el país intenta encaminarse hacia nuevas elecciones presidenciales, el proceso judicial en Estados Unidos representa otro avance en la búsqueda de responsabilidades por una conspiración que conmocionó a toda la región.

