Los ciudadanos deben apoyar todas las medidas que tome el ministerio de Salud Pública, para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, hay un par de puntos de su última resolución que deben ser analizados a fondo, y en el mejor de los casos, dejarlos sin vigencia.
Para hacer frente al Covid se necesita tomar medidas enérgicas, y al mismo tiempo que se dé el consenso con el pueblo, para que acuda en forma masiva a la vacunación y responda con el cumplimiento de todos los programas de emergencia.
Pero hay que tener mucho cuidado con ideas tremendistas, que se podrían interpretar que ponen en peligro el derecho a la libre circulación y el mandato constitucional sobre el individuo. Se tiene que dejar sin efecto la decisión del Gabinete de Salud de hacer obligatoria la presentación de la tarjeta de vacunación en segunda dosis.
Se restringe la circulación del ciudadano, cuando no hay medidas de emergencia, al limitarle su capacidad de movimiento y la obligación de presentar la tarjeta de vacunación para entrar a un supermercado, utilizar un carro de concho y hasta estar en una plaza pública.
Esta acción cae dentro del terreno de las medidas de emergencia, que terminaron al no ser ampliadas, por lo tanto no se puede violar el derecho individual de los ciudadanos, condicionando su permanencia en áreas públicas o privadas, a que presenten el papel de vacunación.
El ministerio de Salud Pública debe dejar esa medida sin vigencia, y que el ciudadano pueda dentro de unos días desplazarse a su libre albedrío, sin tener que presentar documento alguno. Se trata de un derecho constitucional, que se hace mal en constreñirlo.
Si es digno de apoyar que a los servidores públicos y empleados privados se les inste y obligue a que presenten el certificado de vacunación en su departamento de recursos humanos. En caso de que no hagan la notificación tienen que ser sancionados y hasta despedidos.
Sin prohibir la circulación, si se debe obligar a que se presente la notificación de vacunación al renovar la licencia, al sacar una copia de la cédula, al hacer un préstamo bancario y al inscribirse en una universidad. Ahí se penaliza al ciudadano, pero no se le restringe su movimiento.
Hay que dejar sin vigencia la disposición de tener que transitar con la tarjeta de vacunación en los bolsillos. Hay otras formas de obligar a que la gente se inmunice, pero nunca poniendo una zancadilla al derecho constitucional al libre movimiento de los ciudadanos. ¡Ay!, se me acabó la tinta.
Por Manuel Hernández
