No se puede negar que el Presupuesto Público es un instrumento eminentemente político. Esto es así, debido a que, para ser una herramienta de administración y control, tiene que estar validado por una resolución legal, aprobada por el Congreso Nacional, como la Ley de Presupuesto General del Estado, que se aprueba y promulga por un periodo de un año.
La etapa de formulación reúne y acopla los datos para planificar las actividades a desarrollar en un periodo determinado. En materia presupuestaria, cuando se habla de formulación, se deben contemplar el comportamiento de los dos renglones principales: Ingresos y Gastos. En el sector publico la formulación se inicia con la cuantía de los Gastos y, luego, se evalúa el volumen de los Ingresos, para ponderar la necesidad o no de fondos supletorios con el objeto de ajustar el documento presupuestario al método “Base Cero”.
En el sector privado, las empresas formulan sus presupuestos calculando primero, el volumen de los Ingresos, para después, ajustar sus Costos y Gastos, con el propósito de determinar el margen de utilidad; es decir, el excedente presupuestario.
Se puede interpretar que, en el sector privado la formulación del presupuesto se fundamenta en el realismo de las metas y políticas administrativas, sobre la base de un incremento de la producción y los canales de distribución, rara vez en aumento de los precios. En cambio, en el sector público, la formulación, es una decisión política.
La experiencia de los últimos años de formulación, ejecución y reformulación del presupuesto estatal, ha sido, elaborar un documento presupuestario con mayores Gastos Corrientes y de Capital que, los volúmenes de ingresos, generándose, de este modo, los déficits presupuestarios, utilizando como medidas para conjurar los resultados financieros negativos, la obtención de préstamos o aumento de los impuestos vigentes.
Los déficits presupuestarios son molestosos, pues para conjurarlos se tiene que acudir al financiamiento interno o externo. Esa “solución” desvirtúa el apalancamiento del país, ya que peligra la estabilidad macroeconómica, llegando a la difícil situación de tomar préstamos para amortizar otros anteriores. Por lo tanto, cuando el servicio de la deuda alcanza niveles porcentuales significativos con relación al PIB; entonces, se recurre a la odiosa reforma fiscal o tributaria.
En esta ocasión, para intentar detener el escalonamiento de los déficits financieros, el gobierno actual esta contemplando ajustar o modificar determinadas tasas impositivas que permitirían una formulación menos traumática que los ejercicios anteriores, en cuanto a los prestamos se refiere.
De acuerdo a la experiencia vivida por el pueblo dominicano, cada vez que se ejecutan reformas (fiscal o tributaria) los que siempre pagan impuestos, son los que cargarán con lo mas pesado de cualquier reforma, ya que la eficiencia se mide en obligar a los contribuyentes registrados, obviando a los omisos, evasores y los que siempre están prestos a eludir el impacto de la carga fiscal.
Considero necesario cambiar la técnica de formular el presupuesto, en especial el renglón de los Ingresos, puesto que, si hay interés en aumentar los ingresos tributarios, será necesario ampliar el maestro del Registro Nacional Contribuyentes, para que puedan captar las actividades monopólicas de determinados negocios post pandemia y los adinerados de nuevo cuño.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
