Es alarmante que pese a tener la República Dominicana una ley tan importante como la 135-11 de VIH-SIDA, algunas empresas e instituciones públicas, antes de contratar a una persona las envían a un laboratorio para realizarse analíticas, las cuales en muchas ocasiones no les explican a qué pruebas serán sometidas, y no le entregan los resultados de las mismas directamente al ciudadano que aplica al puesto de trabajo, sino que esto va directamente a la empresa con quienes los laboratorios tienen acuerdos previos, en franca violación al derecho a la confidencialidad que le asiste a la persona que vive con VIH, contemplado en el art. 13 de la ley 135-11, expresó el Lic. Roberto Acevedo, coordinador legal del Observatorio.
Otra irregularidad y violación a la ley ocurre cuando la empresa u institución pública, hace remisión para que al candidato al puesto laboral se le realicen las analíticas sin contemplar ni esclarecer cuales pruebas se están realizando, ya que las mismas están contenidas en paquetes o siglas de uso interno según la institución y en las que incluyen de manera discrecional la de VIH, así como otras enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, que aunque no está penalmente prohibida, sin embargo constituye un atentando contra la dignidad humana, así como a la intimidad y honor personal, derechos fundamentales consagrados y reconocidos en nuestra constitución.
Tenemos documentado más de 20 casos denunciados de personas que aseguran fueron sometidas a dichas analíticas para la detección del VIH y sus anticuerpos, sin embargo, por tratarse de una acción ilegal y penalizada, pues se hace por debajo de la mesa, indicó Acevedo, el mismo también señaló que los hoteles turísticos son los que más hacen pruebas periódicas a sus empleados para detectar el VIH.
En lo que va de año, hemos recibido un caso en relación a lo antes citado. El mismo no fue judicializado debido a que la persona afectada no deseaba exponer su condición, además de que tiene cercanía con la entidad para la cual solicitaba el puesto. Le fue indicado que debía realizarse unas pruebas analíticas para verificar su estado de salud, estando en el laboratorio se percató de que dentro de las indicaciones se encontraba la prueba de VIH, en ese momento, le refirió a la persona que tomaría la muestra que no había dado su consentimiento para la realización de la misma, a lo que la bioanalista le contesto que era la indicación de la empresa y que debía ponerse en contacto con ellos ante cualquier duda.
Este y muchos otros casos más documentados en el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, es una de nuestras preocupaciones con estas poblaciones (PVVIH), y se amerita una mayor atención estatal, necesaria para poner fin a este tipo de prácticas estigmatizantes y discriminatorias que aún se siguen dando en la República Dominicana, es por esto, que estaremos haciendo pública en los próximos días las empresas e instituciones públicas vinculadas a este tipo de prácticas vejatorias, que lo que tienden a vulnerar derechos fundamentales y limitar el ejercicio de los mismos; las personas que viven con VIH tienen derechos y tiene una ley que es la 135-11, por lo que velaremos porque se cumpla. Concluyó el Lic. Acevedo
