Cada vez que se plantea el exceso de los gastos gubernamentales, con respecto al volumen de los ingresos, la receta es incrementar la presión tributaria. Lo malo de los que esgrimen esos criterios, es que se fundamentan en aumentar las tasas impositivas actuales, para conjurar el déficit fiscal. Esas voces no recomiendan aplicar la eficiencia en el cobro de los impuestos; puesto que, es lo mismo decir ampliar la base de los sujetos obligados y/o contribuyentes.
Las autoridades tributarias deberían auto reformarse, analizando aquellos impuestos que representan una doble carga para el contribuyente, como son algunos elementos que componen la masa sucesoral de una persona fallecida. Hay que erradicar los métodos obsoletos implementados para las declaraciones juradas, en especial, las personas físicas. La Administración Tributaria debe tener en su base de datos, el movimiento de ingresos de todo aquel que reciba fondos por su ejercicio profesional y actividades normales licitas.
En muchos aspectos, como país, queremos emular a otras naciones más avanzadas, pero en eficientizar los servicios públicos, mostramos indiferencia y falta de decisión política. Aparentemente, en su afán de ejercer la labor de recolector no se interesan en diseñar una plataforma mas expedita para la presentación, declaración y pago de los impuestos relacionados con las actividades productivas de los entes físicos y jurídicos gravables. De esta forma colocarían a nuestro sistema tributario, entre los mas expeditos, avanzados y modernos de la región.
La mejor forma de incrementar los ingresos es dejar de pensar en que los que pagan deben pagar más, pues hasta ahora, cundo se trata de reformas, solo se piensa en aumentar los impuestos a los que siempre pagan. Es hora de hacerle frente a los omisos y no seguir presionando a los contribuyentes leales. Si la idea es obtener ingresos por mas de 173 mil millones para conjurar el déficit presupuestario, no hay opción más adecuada que cobrarle impuestos a los que nunca pagan, ya que, por “el efecto demostración”, son fácil de localizar y exigirles que se pongan al día en sus obligaciones fiscales.
Otra manera de “aumentar los ingresos”, es cualificando el gasto en el sector público, en especial, en el Gobierno Central, evitando el dispendio y las erogaciones volátiles por quien las propicie. En tal sentido, insistimos en que, intentar la implementación de una reforma tributaria, es seguir aplicando métodos tradicionales que, en la practica no han dado los resultados deseados.
Para empezar con buen pie, seria conveniente que la Administración Tributaria verifique si su base de datos en el Registro Nacional de Contribuyentes, tiene la misma cantidad que los 7.5 millones de inscritos en la Junta Central Electoral, en el Padrón utilizado como control de las ultimas elecciones en julio del 2020. También, por la vía de las Cámaras de Comercio y
Producción que funcionan en el país, cotejar los entes económicos en el Registro Mercantil, con las declaraciones juradas de las personas jurídicas.
Apresurar una reforma fiscal sin haber alcanzado los niveles de productividad, distribución y desenvolvimiento económico, como consecuencia de los efectos de la pandemia del Coronavirus, es una insensatez. Por suerte, el Primer Mandatario de la Nación, sintonizó el clamor sordo de la mayoría de los habitantes del país y, para evitar acontecimientos desestabilizadores, en la noche del miércoles, 27 de octubre del presente año, anuncio las razones por las cuales, aplicar una reforma, tomando como base una filtración panfletaria de posibles cambios en los impuestos actuales, es improcedente.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
