A la caída del régimen trujillista, en el año 1961, el gobierno, de carácter provisional, surgido a finales de ese año, decidió “administrar” los bienes y capitales vinculados a personeros de la dictadura, creándose la Corporación de Fomento industrial (CFI), mediante la Ley No.5809, de fecha 19 de mayo de 1962. Posteriormente, el 30 de junio de 1966, el Congreso Nacional, promulgó la Ley Orgánica de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales No.289. La CORDE, como era llamada, en su inicio, contaba con 32 empresas con participación mayoritaria en su capitales y 18 empresas con participación minoritaria.
También, el Estado Dominicano formalizó la posesión de los bienes que la dictadura poseía, en la producción de azúcar y de energía eléctrica. Para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, el 2 de abril de 1955, con la promulgación de la Ley No.4115, aparece la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). En el dispositivo de la referida Ley, se especificaba que la generación de electricidad se obtendría de plantas hidro y termo eléctricas. Para la explotación de la caña de azúcar, en el año 1966, se disolvió la Corporación Azucarera, emporio perteneciente a los bienes del Dictador, por la Corporación Estatal del Azúcar (CEA), mediante la Ley No.07-06, del 18 de agosto de 1966. Esta entidad estaba conformada por diez ingenios, diseminados en varios puntos geográficos del país.
Las tres C, como se llamaban a CORDE, CDE y CEA y, sus unidades operativas, en la mayoría de los casos fueron utilizadas para solventar compromisos políticos de los gobiernos de turnos establecidos en el Palacio Nacional, desde la segunda mitad del Siglo XX hasta la primera década del Siglo XXI. Esas “deudas políticas” se pagaban con la designación de personas sin los conocimientos de una administración científica, en algunos casos; en otros, esos advenedizos, utilizaban maniobras fraudulentas para hacer desaparecer determinados bienes patrimoniales. Tal es el enigma de la Motonave “Antares”, que sería la empresa número 32, propiedad del grupo CORDE, cuyo destino nunca se ha sabido.
Los zarpazos de muerte contra las tres C, comenzaron con la Ley 141-97, de Capitalización de las Empresas Estatales. La primera C que cayó herida de muerte fue la CORDE, las mismas no resistieron el proceso de “Capitalización”. Después, le tocó al CEA. Con la modalidad de arrendamiento de los ingenios, muchos fueron desmantelados, bajo la excusa de que iban a ser sometidos a diversos procesos de transformación. De una corporación azucarera, la convirtieron en una “inmobiliaria”.
La única que ha permanecido en pie es la CDE; no obstante, cambiarle las siglas a CDEEE, para endonársela al sector privado; luego, en el periodo de gobierno 2000-2004, retomarla por el Estado dominicano y convertirla, a partir de esa fecha, en un nidal de
aves de rapiña, donde se saciaban las ansias pecuniarias en los consejos de administración.
Esta última C, al parecer ya tiene sus días contados, pues el ruido alrededor de las plantas de generación, las líneas de transmisión y las empresas distribuidoras, ha provocado cierto temor en la población, ya que, si el tiempo ha demostrado que el Estado no ha sido un buen administrador de las empresas estatales; el sector privado, nos ha enseñado su capacidad de generación de riqueza, sin importar que, ese fin perjudique a las clases más desposeídas, ya que, ese sector no está acostumbrado ni es su estilo, a subvencionar la tarifa eléctrica como lo hace el Estado dominicano dentro de su política social. El presente Gobierno y el Congreso Nacional, tienen la palabra.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
