El concepto de administrar la cosa pública se ha arraigado en el sistema democrático de la Unión Norteamericana. Por eso, cuando señalamos o enjuiciamos el comportamiento de un presidente estadounidense, nos referimos a la “administración Kennedy”, la Administración Bush, etc. etc. A diferencia del modelo norteamericano, la mayoría de los países Latinoamericanos, en lugar de administrar, se impone el concepto de gobernar.
La acuñación de la frase “mi gobierno”, es una manifestación clara y definida de que se asume al Poder para gobernar no para administrar. En la medida que el tiempo prolongue la estadía de una persona en ocupar la Primera Magistratura del Estado, más se acrecienta la idea de pertenencia de la frase “mi gobierno”.
- Administrar significa, organizar, dirigir, es la función por la cual se transforman los recursos tangibles e intangibles, tales como: servicios personales, materiales, financieros y no financieros; mediante la aplicación de métodos organizacionales, generando valores, a través de las actividades de planeación, organización, dirección y control.
En cambio, gobernar se refiere al ejercicio de la autoridad, adquiridos mediante el sufragio popular o por acciones de fuerza grupal. De ahí que, gobernar es la potestad de ejercer el mando de una institución o sistema donde se entroniza el poder. Según el politólogo M. G. Smith, el concepto de gobernar tiene doble acepción: Primero, la manera de conducir o guiar a los ciudadanos y, segundo, la responsabilidad de manejar los bienes públicos. En un sistema de gobierno presidencialista, las elites políticas no necesariamente se encuentran instaladas dentro del Estado, si no que sus acciones y sus manifestaciones de poder, influyen en las actividades estatales, para su beneficio.
La confusión de las diferencias entre administrar y gobernar, la producen los actos y manifestaciones de las autoridades; pues, la mala interpretación de sus funciones, provocan aristas y en muchas ocasiones generan daños irreversibles a los afectados, ya que, sus decisiones están influenciadas por un abuso de poder, catalogadas como prevaricación.
Cuando un país está administrado por funcionarios conscientes de sus deberes y responsabilidades, los excesos de poder no tienen razón de ser. La prevaricación, conocida como un abuso de una autoridad en el desempeño de sus funciones, es una decisión injusta, arbitraria y contraria a la ley. En la jurisprudencia de la República Dominicana, la prevaricación es considerada como un delito penal. Esta acción se coloca en la categoría de actos corruptos.
En realidad, si hay diferencias entre administrar y gobernar, obedece a la manera que las autoridades se desempeñan en el manejo de los recursos del Estado y la forma de dirigir los asuntos de la Nación. Si un funcionario, en el desempeño de su cargo, le da un carácter personalizado; entonces aparece el concepto de posesión cuando se refieren a “mi gobierno”, en lugar de expresar, el Estado, la Nación, el País.
Entre los dos conceptos de dirigir, es recomendable que la persona que este al frente de los intereses de un país, tenga una alta capacidad de diálogo, de poner el oído en el pueblo y mostrar honestidad en el manejo de los recursos del Estado. En tal sentido, por su parte, el pueblo, espera acciones administrativas satisfactorias, sin desfalco a los fondos públicos; tampoco, acepta decisiones irresponsables, como el hecho de desvincular a un servidor público de su cargo, sin garantizar los emolumentos de sus prestaciones, por los derechos adquiridos. Así no se administra, se gobierna; pues, el liderazgo que encarne lo moral y lo ético, tiende a diluirse.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
