Muchas personas con el afán o el interés de pertenecer a una organización política, desconocen o pasan por alto que, sus fundamentos como grupo, no solo se apoyan en las corrientes ideológicas; también, tienen como objetivo principal, alcanzar el poder., mediante mecanismo estratégicos y logísticos, diseñados a su conveniencia.
En una entidad política, los responsables de captar adeptos, consideran que es la tarea principal, para asistir a una contienda electoral, descuidando los asuntos relacionados con el control y los aspectos organizativos de la entidad, tanto a lo interior como a lo externo.
Si se observa el desenvolvimiento de un partido político, en la práctica tiene bastante similitud con una empresa dedicada a cualquier tipo de actividad, con o sin fines de lucro. Desde el punto de vista legal, tanto los partidos como las empresas, están reguladas mediante dispositivos que deben cumplir y acatar. Su accionar, se inscribe en un documento denominado estatuto.
La toma de tomar decisiones, es responsabilidad de un organismo colocado en la cima de la pirámide de mando, como si fuera una asamblea de socios o una asamblea nacional. Ese magno organismo, delega en un comité ejecutivo, algo parecido a una junta de directores en una empresa.
Descendiendo de la pirámide de mando, se designan a los directores para el desempeño de las diferentes actividades, tales como: finanzas, organización, relaciones públicas, grupos de asociaciones profesionales y sindicales, disciplina, etc.
Al comparar a un partido político con una empresa, se pueden observar similitudes con una empresa, excepto en los ingresos. Mientras la empresa establece mecanismos para generar ventas que le permitan su autosuficiencia; las organizaciones políticas, implementan cuotas, celebran actividades para recaudar fondos y otras promociones encaminadas a obtener fondos para su sustentación.
Gracias a una Ley que establece la asignación de fondos provenientes del Presupuesto Nacional, las organizaciones y movimientos políticos son subvencionados, sobre la base de un cálculo porcentual, relacionado con la participación en las recién pasadas elecciones.
Conforme a esa Ley, los “partidos mayoritarios” recibirán el 80 por ciento de los fondos asignados y el restante 20 por ciento para los “partidos minoritarios. Por “mayoritario” se entiende, aquellas organizaciones políticas que, en el último sufragio, electoral, recibió una votación por encima del 5% de los votos emitidos.
Si en el espectro electoral de la Republica Dominicana hay inventariados 35 organizaciones reconocidas por la Junta Central Electoral y, los partidos mayoritarios no llegan a cinco, ese 20 %, no tocaría a valores significativos para los “minoritarios”.
Debido a lo significativo del fondo (más de 1,260 millones de pesos) que el Estado pone a disposición de las organizaciones políticas “mayoritarias”, la experiencia ha demostrado que, esos “mayoritarios”, carecen de estructuras organizacionales para darle un buen uso a esos recursos. Independientemente, de que, en la mayoría de esos partidos, hay miembros con las capacidades suficientes para mantener un ambiente de control interno que responda a los requerimientos de las instituciones estales responsables de revisar, supervisar y auditar, el uso racional de la distribución porcentual de esas asignaciones.
Por carecer de un ambiente de control que le dé seguimiento al uso de los fondos asignados, amerita que esos partidos contraten los servicios de técnicos y profesionales expertos para implementar métodos y sistemas, en procura de aplicar auditorias de gestión y de cumplimiento. De ese modo, se podrán dar informaciones fidedignas sobre sus estructuras organizacionales y saber contar con cuales y con qué cantidad de militancias activas y pasivas conforman su padrón.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
