Ayer el país celebró el 179 aniversario de la Constitución de San Cristóbal promulgada el 6 de noviembre de 1844 y fue notorio en los actos en la ciudad, parcialmente destruida por una explosión hace poco, la presencia del Presidente Abinader junto a los jueces del Tribunal Constitucional, algunos como el Presidente Ray Guevara, en su último aniversario de la Carta Política de la nación porque será sustituido el mes próximo, luego de 12 años.
La presencia del Jefe del Estado que juró respetar y hacer respetar la Constitución debió informar a los jueces constitucionales que el Gobierno va a empezar a cumplir sus sentencias, pues según Ray Guevara hay cientos desacatadas. Desde luego que se refiere a las sentencias cuyo incumplimiento ha sido planteado ante esa alta corte, pues el desacato afecta a miles de decisiones definitivas que no cumplen la Policía, el Ministerio Público, Hacienda, Educación, Relaciones Exteriores, etc., y que no han sido remitidas al TC porque su demanda en dificultad de ejecución es ante el tribunal que dictó la sentencia original. Son miles.
El incumplimiento no es por dificultad como indicó el Consultor Jurídico, Antoliano Peralta, hace unas semanas, ni siquiera por negligencia, es por soberbia e ignorancia.
Muchas de esas sentencias condenan al Estado a simples reposiciones de personal, como en el caso de la Cancillería, otras a la entrega de simples informaciones públicas que han sido negadas por entidades el Estado; pero, la mayoría tiene astreinte y están siendo liquidados. Esos astreintes están condenando al Estado a pagar cientos de millones de pesos por la altanería de los funcionarios.
Conozco de una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena la entrega de una copia de planos al Ministro de Obras Públicas que ya acumula RD$ 12 millones en astreinte… al final de esta Administración el Estado tendrá que pagar más de RD$ 15 millones por la terca ignorancia del Ministro y la mala fe de sus abogados… que hasta han elevado recurso de revisión al Tribunal Constitucional de su propia sentencia para darle más larga… y que el Estado pague mas caro.
En materia de constitucionalidad Luis Abinader saca muy malas notas porque en sus manos el estado de derecho ha colapsado, no existe seguridad jurídica en el país y, eso es lo que procura todo Estado social y democrático de derecho, seguridad jurídica y garantías procesales.
Las garantías constitucionales, en particular, las garantías procesales penales- que no se cumplen-hace un par de meses el Presidente Abinader las consideró excesivas y, declaró que sometería un proyecto de ley para rebajarlas.
¡Imagínese usted! El Presidente quiere reducir las garantías que – aunque en este Gobierno no funcionan – tenemos en el Código Procesal Penal y en la Constitución del 2010, desde hace 20 años: Eso me basta para no desear su reelección.
En mi casa ha perdido simpatías por los excesivos precios de la energía y la comida, por la inseguridad y la delincuencia, pero en mi caso, pesa más la amenaza al Estado de derecho y poner fin al caos y desorden en la Administración pública.
Por Domingo Plácido
