Por lo menos en el sector privado existen disposiciones estatutarias y reglamentarias que exigen la elaboración y presentación de informes periódicos de auditoría interna, para evaluar el comportamiento de los controles internos, durante un periodo determinado. De igual modo, se concierta con una Firma de Auditores o un Contador independiente, la elaboración de un Informe de Auditoría Externa, en cuyo dictamen se establece la razonabilidad de los balances que afectan a las cuentas reales y nominales.
También, en el sector privado, se designa a un Comisario de Cuentas, cuyo objetivo es, el de verificar que, las disposiciones del Consejo de Administración se ajustaron a las Resoluciones emanadas por mayoría de votos válidos y, proceder al descargo de la gestión de ese organismo colegiado. Además, los que fungen como presidentes o gerentes generales, tienen la responsabilidad de informar a los socios, mediante la celebración de Asambleas General Ordinaria o Extraordinaria, los resultados operacionales y recomendar las acciones a tomar sobre los volúmenes de negocios contemplados.
No pensemos que la rendición de cuentas en el sector privado solo esta dispuesto para las empresas debidamente organizadas, hasta en cualquier colmado de provisiones se realiza una forma peculiar de rendir cuentas. El ejercicio consiste en una toma de inventario de los renglones en existencias, cortada a una fecha determinada, por un espacio de tiempo no menor a seis meses. Se elaboran dos relaciones, una por cobrar y otra por pagar. Si el volumen del inventario y las cuentas por cobrar son mayares que el conteo anterior y, además, la cuenta por pagar es menor que la del otro conteo, el dueño del negocio o su administrador, dan fe de que los negocios andan bien.
Ahora, en el sector público, la rendición de cuentas debe considerarse como parte inherente del desempeño de una función, ya sea ejecutiva, judicial o legislativa. En este sector, se tiene la creencia de que, si un funcionario no maneja o administra recursos económicos o financieros, no tiene por qué rendir cuentas de sus actividades.
El legislador debe hacer del conocimiento a su comunidad y, a la sociedad en general, su participación en la Cámara a que corresponda, de los proyectos iniciados y/o participado, para mejoría de las condiciones socioeconómicas de sus representados. Ese documento contentivo de su gestión debe difundirse, mediante cualquier medio de comunicación (físico o virtual). En el caso de los Diputados, es conveniente que esa información se efectúe de manera presencial; pues, de esa forma, los votantes logran conocer quien es su representante en el Congreso Nacional.
Las funciones judiciales, carecen de estadísticas, que es una manera de rendir cuentas, pues las informaciones de los procesos deben explicar a la ciudadanía, el desempeño de jueces y fiscales, en la aplicación de justicia.
En el Gobierno Central y las instituciones descentralizadas, es más notoria la falta, por no dar a conocer las gestiones realizadas durante un periodo determinado. No importa que manejen o no recursos económicos y financieros. Si un funcionario publico no administra fondos del Estado, considera que no tiene el deber de rendir cuentas. Esta interpretación es errónea, ya que una dependencia estatal, está sujeta a dar cumplimiento a diferentes disposiciones que ameritan ofrecer información a la ciudadanía.
Para que la transparencia sea una realidad, deberá apoyarse en la rendición de cuentas, por lo tanto, la carencia de ese requisito, la función pública carecerá de credibilidad.
Por Julio Gutiérrez Heredia, CPA
Miembro 1001 del ICPARD
Auditor Forense
