Santo Domingo, RD.- El Estado dominicano se ha constituido como actor civil en el caso judicial que investiga presuntos actos de corrupción relacionados con la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Los principales señalados en este expediente son el exdirector del Intrant, Hugo Beras, y el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix.
Contexto del Caso
- Solicitud Formal: La petición fue presentada por abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público en nombre del Estado y el Intrant. El documento fue depositado ante la jueza Patricia Padilla, encargada de supervisar las diligencias de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
- Contrato Controversial: El contrato para la modernización del sistema fue adjudicado en 2023 por un monto cercano a 1,300 millones de pesos. Desde su inicio, el proceso generó sospechas, especialmente porque Transcore Latam utilizó el nombre de la empresa estadounidense TransCore LP sin tener ningún vínculo con ella.
- Irregularidades Detectadas: Se han identificado múltiples irregularidades, como el uso de documentación técnica no autorizada y el cambio de proveedores en el proceso licitatorio. Además, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) había advertido sobre los riesgos de entregar el control de los semáforos a una entidad privada, señalando su importancia para la seguridad nacional, recomendaciones que fueron desestimadas.
Denuncias y Avance Judicial
- Denuncias Formales: A partir de las irregularidades, una empresa local denunció que Transcore Latam se había apropiado indebidamente de información técnica para participar en la licitación. Esto derivó en una denuncia por apropiación ilícita.
- Investigaciones en Curso: La Dirección General de Contrataciones Públicas inició investigaciones, y la Pepca asumió el caso. A medida que avanzaban las indagatorias, se han ampliado los implicados, incluyendo exfuncionarios del Intrant y representantes de varias empresas.
Objetivo del Estado
El Estado dominicano busca recuperar los recursos públicos que se presumen fueron utilizados de manera fraudulenta, consolidándose como un actor clave en el proceso judicial para asegurar la rendición de cuentas y la recuperación del patrimonio público.
