NUEVA YORK.- En las últimas semanas, la presencia de figuras políticas y de altos mandos militares estadounidenses en la República Dominicana ha genera una ola de inquietud y especulación. Mientras figuras de primerísimo orden de Estados Unidos y la militarización del escenario marítimo dominicano y Puerto Rico se imponen, surge la pregunta: ¿Estamos en dominicana ante un golpe de estado blando?
La creciente debilidad de las instituciones dominicanas, marcada por la corrupción, el narcotráfico, el desastre político, jurídico y la ineficacia del gobierno de Luis Abinader, abren la puerta a una intervención externa que, lejos de ser una solución, podría poner en jaque la de por si, ya destartalada soberanía nacional. Este escenario, lejos de ser una mera coincidencia, revela la fragilidad de un Estado que, en su afán de mantener el poder, ha permitido que intereses ajenos tomen las riendas de su seguridad y bienestar, demostrando fielmente que estamos ante un estado fallido y un narcoestado sin control, pero si con muchos mentirosos y vende sueños, comenzando por el presidente de la República y terminando por las cámaras y la justicia.
La reciente visita del secretario de guerra de Estados Unidos Pete Hegseth a la República Dominicana, ha levantado una nube de interpretaciones sobre sus verdaderos propósitos. Aunque oficialmente se presenta como un encuentro para fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, no será que Washington busca presionar a Santo Domingo para reforzar sus controles financieros y cerrar cualquier posible brecha que facilite operaciones ilícitas vinculadas a actores externos, entre ellos el gobierno venezolano, señalado por diversas fuentes internacionales de manejar redes opacas de capital. Esta lectura, aunque no confirmada oficialmente, ha cobrado fuerza en medio del creciente interés estadounidense por la estabilidad regional.
Para la República Dominicana, la visita plantea un reto diplomático y político significativo. Por un lado, implica reconocer la importancia estratégica del país dentro del mapa de seguridad del Caribe; por otro, obliga a revisar con mayor rigor los mecanismos internos de supervisión financiera y cooperación internacional. En un contexto donde abundan sospechas y acusaciones sobre el uso del territorio dominicano para operaciones de lavado por parte de redes transnacionales, la presión estadounidense se convierte en un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer las instituciones y la transparencia. El mensaje implícito es claro: El presidente Abinader no sabe donde está el cajón de su letrina.
Por Bolivar Balcacer
