SANTO DOMINGO, RD.- La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia y responsabilidad frente a informaciones que circulan sobre supuestos raptos de niños y tráfico de órganos, advirtiendo que generar alarmas sin pruebas concretas puede provocar temor innecesario y desinformación.
Raful reiteró que el Estado dominicano mantiene un firme compromiso en la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado, con especial énfasis en la protección de los menores de edad y de las mujeres, quienes suelen ser los principales afectados por estas redes delictivas. Aseguró que las autoridades trabajan de manera permanente en la prevención, investigación y persecución de estos delitos.
La funcionaria explicó que los trasplantes de órganos son procedimientos médicos de alta complejidad que requieren una serie de condiciones estrictas, tanto médicas como técnicas y humanas. Detalló que para realizar un trasplante se necesita compatibilidad entre donante y receptor, una cadena de custodia rigurosa del órgano, quirófanos especializados, equipos tecnológicos adecuados y personal médico altamente capacitado, lo que descarta que puedan realizarse de forma improvisada o clandestina.
En ese sentido, Raful afirmó que hasta el momento no se ha comprobado la existencia en la República Dominicana de una red que cuente con la logística, los recursos y la estructura necesarios para llevar a cabo tráfico de órganos, como se ha denunciado de manera informal en algunos espacios.
Asimismo, advirtió que difundir versiones sin sustento constituye un acto irresponsable y una falta de respeto tanto para la población como para las instituciones que trabajan día a día en garantizar la seguridad ciudadana. “Inquietar a la población sin tener la verdad en las manos es inconsecuente”, subrayó.
Finalmente, la ministra señaló que entre las prioridades actuales del Gobierno se encuentra la protección integral de menores víctimas de trata, así como el combate al crimen organizado en todas sus manifestaciones, incluyendo la explotación sexual, la pornografía infantil y otras actividades ilícitas que operan incluso a través de redes sociales y plataformas digitales.