GUAYABAL, AZUA.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en este municipio enfrenta una profunda crisis política tras la desvinculación arbitraria del personal recién nombrado en el Comedor Económico Municipal.
El conflicto, que va a escalar a niveles judiciales, se origina en una pugna de poder entre el sector del alcalde Hipólito Cabral, apoyado por Dilenny Segura, empleada del gobierno con asiento en el Palacio Nacional ha servido de canal para gestionar ayudas a los productores de Guayabal, sin que estos tengan conocimientos, enfrentando a la secretaria general del partido, Nirys Corcino, quien cuenta con el respaldo de la senadora Lía Díaz.
El detonante de la crisis fue el descubrimiento de una presunta falsificación de la firma de la secretaria general, Nirys Corcino, utilizada de forma fraudulenta para designar al personal que inició las labores en la institución, pero que nunca les llegó el nombramiento ni pagos.
Por esta acción ética y legalmente cuestionable, se presentarán acusaciones ante los tribunales contra:
Junior Corcino: Exmiembro del PLD y PRD, recientemente integrado al PRM tras negociar posiciones gubernamentales.
- Hipólito Cabral: Alcalde del municipio
A raíz de este hallazgo, la senadora Lía Díaz ha sido señalada como la principal promotora de las desvinculaciones masivas ante Edgar Félix, director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) (organismo que administra los Comedores Económicos), resultando en el sacrificio laboral de dirigentes y militantes locales por rencillas internas.
La comunidad y las bases del PRM han expresado su indignación, ya que los cancelados son figuras de gran trayectoria y servicio en el municipio.
Entre los afectados están:
El lider deportivo Rut Hierro, familiar del regidor más votado Jeurizon Peña, los comunitarios Arnulfo Alcántara, Fabiola Valenzuela, vinculada a los equipos políticos de David Collado y Rudy González, Wilkin Corcino, asistente del alcalde, entre otros de otras localidades del municipio, de un total de 8.
Los afectados, reclamarán sus pagos de manera legal en los próximos días y demandarán por daños y perjuicios entre otras acciones legales al alcalde Cabral, para lo cual respetados juristas de Azua se preparan.
Sectores del partido califican estas desvinculaciones como una persecución política y una falta de ética institucional.
Han advertido que la situación no se quedará en el plano partidario, sino que se dilucidará en los tribunales para determinar las responsabilidades penales sobre la falsificación de documentos públicos y el atropello a los derechos laborales de los perremeístas.
«Se ha sacrificado a gente valiosa y trabajadora del pueblo por pugnas de poder y acciones antiéticas que el PRM no puede tolerar y debe decir la verdad al pueblo de las desvinculaciones», expresaron ciudadanos indignados por las desvinculaciones.
