La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) cuestionó el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas políticas, al considerar que podría violar derechos constitucionales y exceder las facultades legales del organismo electoral. El debate reabre la discusión sobre los límites de la potestad reglamentaria de la JCE y el alcance de la libertad de información en procesos electorales.
Finjus advirtió que el problema no es si la JCE puede regular las encuestas, sino si tiene autoridad para imponer restricciones que no están contempladas expresamente en la ley. La entidad sostuvo que limitar la difusión de sondeos fuera de los períodos de precampaña y campaña afecta derechos fundamentales y actividades económicas que solo pueden regularse mediante leyes aprobadas por el Congreso Nacional.
La organización recordó que el Tribunal Constitucional ha establecido en varias sentencias que ningún reglamento puede sustituir, ampliar o contradecir la ley. Citó fallos donde el TC dejó claro que la potestad reglamentaria debe respetar el espíritu y alcance de las normas vigentes, advirtiendo que cualquier disposición que limite derechos sin respaldo legal puede ser declarada nula.
Uno de los puntos más polémicos del reglamento es la prohibición de publicar encuestas antes de julio de 2027, inicio oficial de la precampaña electoral. Críticos señalan que el artículo 216 de la Ley 20-23 solo prohíbe divulgar encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que extender la veda por más de un año equivaldría a “legislar por vía administrativa”.
El debate ya provocó reacciones directas en medios y sectores políticos. El empresario y comunicador Danny Alcántara anunció que publicará una encuesta electoral pese a la resolución de la JCE y adelantó que podría acudir al Tribunal Constitucional. Juristas como Olivo Rodríguez Huertas y Julio Cury también cuestionaron que la Junta utilizara normas de precampaña partidaria para justificar restricciones a la difusión de estudios electorales.
Finjus y varios expertos alertaron que la medida podría generar una “asimetría informativa”, donde partidos y actores políticos continúan manejando encuestas internas mientras la ciudadanía queda privada de acceso a esa información. Además, sostienen que los consensos entre partidos y la JCE no pueden imponerse sobre derechos fundamentales ni sobre los límites establecidos por la Constitución dominicana.
