SANTO DOMINGO, RD.- El Senado aprobó en segunda lectura una profunda reforma a la Ley de Partidos 33-18 que endurece los requisitos para aspirar a cargos electivos, incluyendo pruebas antidopaje, certificaciones de no antecedentes penales y una mayor fiscalización patrimonial y financiera de los candidatos.
La iniciativa busca blindar el sistema político contra la infiltración del crimen organizado y el uso de dinero ilícito en campañas electorales. Para ello, obliga a los partidos a verificar el historial, actividades económicas y origen de los recursos de precandidatos, candidatos, dirigentes y donantes.
El proyecto introduce mecanismos de “debida diligencia” similares a los aplicados en el sistema financiero y en los esquemas de prevención de lavado de activos. Las organizaciones políticas deberán crear programas internos de cumplimiento para detectar riesgos y garantizar mayor transparencia.
Además, cada partido tendrá que designar una unidad u oficial de cumplimiento encargado de supervisar los controles, validar informaciones y reportar posibles irregularidades relacionadas con el financiamiento o la conducta de sus miembros.
La reforma también exige a los aspirantes presentar declaraciones juradas de patrimonio de los últimos tres años o certificaciones de cumplimiento fiscal emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), como parte de los nuevos estándares de integridad.
El texto aprobado faculta a los partidos a excluir o declarar inadmisibles candidaturas por falsificación de documentos, ocultamiento de información o incumplimiento de los requisitos legales. Incluso, una candidatura ya escogida podría ser sustituida si se comprueba que el aspirante presentó datos falsos, siempre respetando el debido proceso y el derecho a la defensa.
