República Dominicana se posicionó como el segundo país de América Latina con mayor proporción de presos preventivos, una situación que vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento del sistema judicial y penitenciario nacional.
- El dato refleja el elevado número de personas privadas de libertad que aún no han recibido una sentencia definitiva.
La prisión preventiva, concebida como una medida excepcional para garantizar el desarrollo de los procesos judiciales, se ha convertido en una práctica recurrente que contribuye significativamente al hacinamiento en los centros penitenciarios del país.
Especialistas en justicia y derechos humanos advierten que el uso excesivo de esta medida puede afectar garantías fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. La situación ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
El elevado número de internos en condición preventiva también representa una carga adicional para el sistema penitenciario, que enfrenta desafíos relacionados con la sobrepoblación, los recursos limitados y las condiciones de reclusión en diversos recintos carcelarios.
Organismos vinculados al sistema de justicia han insistido en la necesidad de acelerar los procesos judiciales y promover medidas alternativas cuando sea posible, con el objetivo de reducir la cantidad de personas que permanecen encarceladas sin condena firme.
El informe vuelve a abrir el debate sobre la reforma del sistema judicial dominicano y la necesidad de fortalecer los mecanismos que garanticen una justicia más rápida, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
