Una nueva investigación de Corporate Accountability Lab puso bajo la lupa las condiciones laborales en los campos de caña de azúcar de República Dominicana y pidió al Gobierno de Estados Unidos restringir nuevamente las importaciones de azúcar y derivados vinculados al trabajo forzoso.
El informe señala particularmente a Central Romana Corporation, una de las principales empresas agrícolas del país, y sostiene que durante más de tres años fueron documentadas denuncias relacionadas con salarios presuntamente retenidos, jornadas excesivas, viviendas deficientes y dificultades para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales.
La organización afirma que miles de personas trabajan en las plantaciones de la compañía y que entre los sectores más vulnerables se encuentran trabajadores haitianos o de ascendencia haitiana, personas en situación de vulnerabilidad documental y cortadores de caña de edad avanzada.
El señalamiento revive una controversia que ya había provocado medidas de las autoridades estadounidenses. En 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos bloqueó las importaciones de azúcar y productos derivados de Central Romana por denuncias laborales, aunque posteriormente esa medida fue levantada.
Corporate Accountability Lab reclama ahora que Washington vuelva a aplicar restricciones comerciales mientras se investigan y corrigen las condiciones denunciadas. También pidió al Gobierno dominicano fortalecer la aplicación de las leyes laborales, regularizar la situación migratoria de trabajadores y garantizar prestaciones y acceso a la seguridad social.
Central Romana rechazó las conclusiones del informe, calificándolo de contener “imprecisiones y falsedades”, y sostuvo que la empresa no ha incumplido las leyes dominicanas ni las normas laborales internacionales.
La controversia coloca nuevamente a la industria azucarera dominicana bajo atención internacional y abre un debate sobre las condiciones de los trabajadores de la caña, la responsabilidad de las empresas exportadoras y los controles que deberían aplicar los países compradores para evitar productos asociados a presuntos abusos laborales.
