Ayer fue el carbón japonés bajo el lenguaje de la Providencia. Hoy es el petróleo venezolano bajo las banderas de la seguridad energética. Una misma lógica reaparece cuando los recursos estratégicos de otras naciones terminan convertidos en asunto de interés y seguridad estadounidense
Hay frases que no necesitan haber sido pronunciadas literalmente para condensar una doctrina, y «Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países», expresión con la que el escritor uruguayo Jorge Majfud sintetiza una determinada concepción imperial estadounidense, adquiere renovada actualidad después del acuerdo que, según lo anunciado por el presidente Donald Trump y la propia Casa Blanca, otorgará a Estados Unidos control mayoritario sobre más de 65,000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas.
El antecedente histórico resulta extraordinariamente revelador, porque en 1851, cuando Estados Unidos preparaba la misión que terminaría forzando la apertura de Japón, el entonces secretario de Estado Daniel Webster escribió que el carbón existente en aquellas islas era «un regalo de la Providencia», depositado allí por el Creador «para beneficio de la familia humana».
Y agregó que el Gobierno japonés no tenía argumento razonable para negarse a suministrarlo a los barcos estadounidenses a un precio conveniente, con lo cual una necesidad estratégica de Washington era elevada a la categoría de mandato universal frente a la soberanía de otra nación.
De la Providencia a la seguridad nacional
Más de siglo y medio después, el lenguaje ha cambiado, pero la lógica conserva sorprendentes semejanzas, porque la entonces jefa del Comando Sur, generala Laura Richardson, llamó reiteradamente la atención sobre las enormes reservas de petróleo, cobre, oro, agua dulce y tierras raras de América Latina, así como sobre el litio concentrado en el llamado triángulo integrado por Argentina, Bolivia y Chile, colocando esos recursos dentro de la competencia estratégica de Estados Unidos con China.
Donald Trump ha llevado esa concepción a una formulación todavía más descarnada, pues antes del actual acuerdo llegó a afirmar que Venezuela había despojado ilegalmente a Estados Unidos de sus derechos energéticos y de «nuestro petróleo», y ahora presenta como «el mayor acuerdo petrolero de la historia» una operación mediante la cual Washington asegura, según los términos anunciados, participación mayoritaria sobre aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas venezolanas.
El convenio puede atraer inversiones, recuperar instalaciones, aumentar la producción y proporcionar ingresos que Venezuela necesita con urgencia, por lo que sería simplista negar su posible utilidad económica.
Pero tampoco puede analizarse como un negocio petrolero convencional, porque surge después de una intervención militar que alteró radicalmente la correlación política venezolana y uno de sus principales negociadores fue precisamente Pete Hegseth, secretario de Guerra y responsable del aparato militar estadounidense, mientras el Pentágono aparece además vinculado a mecanismos de respaldo financiero y estratégico para las inversiones que Washington pretende impulsar.
Cuando la fuerza acompaña al negocio
La presencia del secretario de Guerra plantea entonces una pregunta que trasciende cualquier valoración ideológica: ¿qué hace el responsable de la maquinaria militar negociando un convenio petrolero entre dos Estados? Si el asunto fuese exclusivamente producción, financiamiento y comercialización de hidrocarburos, parecería más natural que ocuparan la primera línea los responsables de Energía, Comercio, Tesoro y las empresas petroleras.
La disuasión, sin embargo, no necesita siempre formularse mediante un ultimátum, porque puede operar a partir del conocimiento previo del poder militar y de la voluntad de una potencia para utilizarlo, y cuando el país que pocos meses antes demostró esa voluntad se sienta posteriormente a negociar recursos estratégicos acompañado por el funcionario responsable de aquella maquinaria, la fuerza queda incorporada al contexto aunque nadie necesite mencionarla.
Pero el mensaje no se dirige necesariamente solo a Caracas, pues puede proyectarse también hacia las empresas estadounidenses y, en el tablero geopolítico, hacia China, Rusia e Irán, países que durante años acumularon créditos, inversiones, empresas mixtas y acuerdos petroleros con Venezuela.
Así vuelve a cobrar sentido aquella fórmula sintetizada por Majfud, porque Webster invocó en 1851 a la Providencia para explicar por qué el carbón japonés debía ponerse al servicio de una necesidad estadounidense, Laura Richardson describió más de 170 años después las riquezas latinoamericanas desde la óptica de la competencia estratégica, y Trump proclama ahora que decenas de miles de millones de barriles venezolanos quedarán bajo control mayoritario estadounidense.
Quizás por eso «Dios depositó nuestros recursos naturales en otros países» conserva semejante capacidad provocadora, no porque constituya una cita textual de algún presidente o secretario estadounidense, sino porque demasiados episodios históricos parecen empeñados en dotarla de contenido. Ayer fue el carbón japonés bajo el lenguaje de la Providencia. Hoy es el petróleo venezolano bajo las banderas de la seguridad energética.
POR RAFAEL MÉNDEZ
